Ciento treinta y una entidades del Estado, que hacen parte de la actual Ley de Presupuesto, tienen hasta el 30 de junio para pasar sus carteras provisionadas e inmuebles no requeridos para sus funciones a la Central de Inversiones S.A. (Cisa).
El presidente de la organización, Javier Arias, dijo que hasta el momento muy pocas han transferido sus activos, pese a que desde enero pasado se les ha informado sobre el alcance de la norma.
En los últimos años se han acumulado una serie bienes que los distraen de sus funciones especiales; en cuanto a las carteras, el funcionario advirtió que no existe la infraestructura para cobrarlas. La idea es que esos activos pasen a una cadena productiva y que Cisa ayude a monetizarlos.
Arias señaló que la medida no se puede aplazar, ya que es una Ley de la República obligatoria; de lo contrario, los representantes legales tendrán responsabilidades.
“La situación debe mejorar, pues se agotó el tiempo para vender o recuperar sus carteras, sin olvidar que los recursos captados con su monetización se girarán al Presupuesto General de la Nación para fortalecer la política de prevención y atención a desplazados”, reiteró el presidente de Cisa. Finalmente, dijo que el colector asumirá el pago del registro de traspaso a Cisa, en caso de que las entidades tengan problemas de presupuesto.