Cuando en Colombia una empresa de generación de energía hidroeléctrica decide hacer proyectos de mediana o gran escala, sabe y presupuesta que mínimo debe prever 12 meses para el trámite de la licencia ambiental.
Y no es para menos, la biodiversidad de Colombia, y la sensibilidad de las zonas en las que por lo general se construyen estos embalses, hace que sea necesario un estudio riguroso de los impactos ambientales y de las medidas de mitigación. En teoría, por eso se tarda tanto tiempo.
Con lo que no contaban ni Producción de Energía S.A.S. E.S.P., ni Celsia cuando empezaron a gestionar la licencia ambiental para el proyecto Porvenir II era con que el proceso se alargaría por seis años.
El asunto no es de menor relevancia: Porvenir II es un proyecto para construir una central hidroeléctrica en el municipio de San Luis, Antioquia, que, según los planes, tendría una capacidad de generación de 352 megavatios y que debía entrar en operación, de acuerdo con el cronograma inicial, en el 2018, y luego fue pospuesto para el 2020.
Si esa capacidad no entra a generar en las fechas previstas, lo más probable, según Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), es que se reemplace con plantas de energía que funcionan con combustibles líquidos, lo que incrementa el costo de generación de energía.
Pero además, la demora en el trámite hizo que Celsia (actual dueño del proyecto) tuviera que pagar una garantía de 34.626 millones de pesos por su imposibilidad de cumplir con las Obligaciones de Energía Firme, es decir, su compromiso de entregar al sistema nacional los megavatios de Porvenir II, que pactó en el año 2008, cuando ganó la subasta que le dio vida al proyecto.
El pago de esta garantía pesó en los reportes financieros de esta empresa, del grupo Argos, que empezó a hacerse cargo del proyecto desde el 2012, cuando firmó la promesa de compraventa de Producción de Energía S.A.S.
¿RESPONSABILIDAD COMPARTIDA?
Los trámites de licencia ambiental comenzaron el 21 de agosto del 2009 con la aprobación del diagnóstico ambiental de alternativas, que es la base para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, EIA.
Pero fue hasta 2012 cuando concluyó el EIA, en ese entonces ya la entidad encargada del proceso era la recién creada Anla, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
En el 2013, la Anla pidió nueva información y unos estudios, en los que la empresa tardó un año adicional. Ya a mediados del 2014, Porvenir II fue declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico, Pines, lo que suponía una aceleración en los procedimientos y trámites necesarios para sacarlo adelante.
Según Germán García, vicepresidente comercial y de operación de Celsia, en efecto estar dentro de los Pines ayudó a acelerar algunos procesos.
Pero no fue suficiente.
Para entrar en operación a tiempo el proyecto tenía que empezar a construirse a mediados del año pasado. Pero la licencia fue aprobada en firme hasta la semana pasada.
Así que en enero, la compañía decidió que era imposible entrar a tiempo y pagó la garantía.
“En la última subasta de la Creg salieron varios proyectos que están en construcción y Porvenir II fue uno de los que no se pudieron realizar por la demora en la licencia, es importante que estos trámites se hagan con celeridad, porque una licencia que se demore tanto tiempo es inoperante, es desafortunado”, señaló Ángela Montoya, presidenta de Acolgen.
Para García, después de este proceso queda un ‘saborcito amargo’ a la compañía, porque es uno de los proyectos más importantes en el portafolio de Celsia.
“Es un proyecto que nos interesa, es de los más eficientes desde el punto de vista energético, porque no es tan invasivo, no tiene un impacto ambiental tan grande, no tiene un gran desplazamiento de gente, es un territorio relativamente limpio y la región conoce de este tipo de proyectos”, señaló.
EL FUTURO DE EL PORVENIR
A pesar de que Celsia haya pagado las garantías y que ya no esté dentro de los proyectos con Obligaciones de Energía Firme, la expedición de la licencia abre una puerta de esperanza para el proyecto.
De acuerdo con Germán García, la junta directiva deberá analizar ahora cómo proceder.
“La subasta no es el único mecanismo de entrada en operación. Podríamos tener tres alternativas: entrar a una subasta de cargo por confiabilidad, o entrar como planta en construcción o incluso como planta existente”, señaló.Esperan que a más tardar a inicios del año entrante la junta directiva decida qué camino tomar.
En todo caso, la Upme no ha definido cuándo habrá una nueva subasta para que entren otros proyectos de energía eléctrica. Así que el proyecto está suspendido indefinidamente y con ello la inversión de los 800 millones de dólares que costaría su construcción.
Nohora Celedón