La vigilancia, un negocio estancado que busca caminos

Este campo factura $ 7 billones al año y solo está creciendo al ritmo de la inflación.

Oswaldo Parada, presidente de Andevip

Oswaldo Parada, presidente de Andevip, se queja de que el Gobierno no ha querido dialogar con el gremio.

Archivo particular

Negocios
POR:
Portafolio
noviembre 23 de 2016 - 10:47 p.m.
2016-11-23

La reforma tributaria que hace su trámite en el Congreso de la República sacrificaría cerca de 15.000 puestos de vigilantes, según estima la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), que agremia a la mayor parte de empresas de ese sector en el país.

Este tema, junto con el estancamiento del negocio, la incidencia del proceso de paz con las Farc y la posibilidad de un nuevo proyecto de Ley que por fin pase el filtro del Legislativo para actualizar el Estatuto del sector –tras seis intentos fallidos–, concentran la atención del gremio durante su XXIII congreso que celebra hasta hoy en Girardot (Cundinamarca). Portafolio habló con Oswaldo Parada, presidente nacional de Andevip.

¿Cómo afecta la tributaria el negocio de seguridad?


Nos va a afectar con el incremento del IVA, porque el gravamen necesariamente va a ser trasladado al usuario final, generando una afectación al empleo. La tarifa del sector está regulada, fijada en salarios mínimos, y en un 85% se destina para cubrir costos laborales.

¿Hoy de cuánto es su IVA?


Pagamos un IVA diferencial del 16% sobre el AIU (administración, imprevistos y utilidad), es decir que el incremento sería también al 19% sobre esa base. Este costo se va a ver reflejado en un aumento en la cuota de administración. ¿Qué nos preocupa? como va a afectar los presupuestos de las propiedades horizontales, se contratará menos mano de obra.

¿Cuántas plazas se perderían?


Calculamos que se pueden perder unos 15.000 empleos directos en el sector, porque sin duda los estratos más afectados serán el 3 y 4, que no van a poder cubrir las tarifas de seguridad privada. El otro temor es que esto formente la ilegalidad.

¿La informalidad, a qué porcentaje equivale?


Está en 25% más o menos, sobre un sector que maneja más de 900 empresas y unas 265.000 personas a cargo. Quiere decir que hay unos 66.000 empleos informales, sujetos a firmas ilegales sin control del Estado ni de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Son empleos mal pagados, que no aportan a la economía nacional y, en la mayoría de veces, evaden los aportes a seguridad social.

¿Qué asegura que el proyecto de estatuto del sector que discutirán el año entrante sí pase?

Lo que estamos buscando es una concertación previa con el Gobierno, porque es la causa por la cual se han hundido los proyectos anteriores. Llevamos 22 años en vigencia del actual estatuto. Este arrancó en un estado de desconfianza del Gobierno, en medio de la pelea con los carteles de las drogas y nosotros somos un mal híbrido que adoptó el Ministerio de Defensa.

¿Por qué un mal híbrido?

Porque somos el único sector con una facultad discrecional –la de la Superseguridad para derogar una licencia en cualquier momento–. La única razón es el uso de armas, pero tenemos unas autorizaciones legales y lo que nos está dando el Estado es un permiso de uso, y en el momento en que se cancela la compañía las armas tienen que ser devueltas. Todos los capitales que manejamos son privados y cerrar una empresa con 10 o 20 años, con 2.000 empleados, simplemente por una facultad subjetiva de un ente de control es una afectación al emprendimiento empresarial.

Habla de concertar con el Gobierno, pero, ¿no necesitan más superar la división del gremio?

Yo no diría que estemos fraccionados, sino que hay distintas posiciones.

Pero la discrepancia con Fedeseguridad es justo el motivo de que se hundieran los anteriores proyectos de ley.

Hay intereses nacionales en casos como el de la mal llamada inversión extranjera, y hubo gremios que surgieron exclusivamente a partir de la presentación de los proyectos de ley. Andevip es el gremio más antiguo, legítimo y el que más empresas afiliadas tiene. Lo que ha buscado es una defensa de los nacionales, porque la ley lo estipula y lo ratificó la Corte Constitucional cuando dijo que estas empresas deben ser de nacionales colombianos, pero esa sentencia del año 2011 no se ha aplicado.

¿O sea que es imposible un proyecto unificado?


El 99% de los artículos nos unifican, como el que habla sobre la facultad discrecional, el uso de las armas… La necesidad de las licencias indefinidas es otro, porque el decreto actual dice que estas pueden ser de cero a cinco años, y con la facultad discrecional el periodo puede ser de seis meses, un año o dos, dependiendo de la empresa.

Es decir que el único ítem que los divide es el de la inversión extranjera.

Es el único asunto.

¿Y existe algún punto de encuentro posible?

Sí, podría ser el que se respetara lo postulado por la Constitución y la Corte, que se reconocieran cuáles trabajan de forma ilegal, y hacia el futuro se permitiera una proporcionalidad en la inversión y mirar cómo las extranjeras que están hoy compensan a las nacionales, porque ocupan el 33% del mercado de forma ilegal.

En conclusión, lo más posible es que vuelva a hundir la ley.

Yo diría que no porque hay propuestas de avance, como la proporcionalidad de la inversión. Falta es que el Congreso y el Gobierno sienten a las partes, pero también que siente posición.

¿Cómo termina el 2016 y cómo pinta el 2017 para su negocio?

Si tenemos una reforma positiva del Estatuto, que apoye el emprendimiento nacional, puede haber un crecimiento y fortalecimiento. La otra visión también es que estamos sufriendo una concentración del mercado y un estancamiento en la facturación. A pesar de que hay un incremento, este no es real porque solo equivale a la inflación y se traslada a nuestros trabajadores.

¿Qué los puede hacer crecer?

El proceso de paz y los proyectos de infraestructura que se planean van a traer más inversión y empleo, y a dinamizar la seguridad privada, porque todos los sectores de la economía la necesitan.