Multan a ONGs por cartelizarse en licitación de comida para ancianos

La decisión compromete a las fundaciones Fundescol y Multiactiva por un contrato con la Alcaldía de Cartagena que no se firmó.

Alimentación Ancianos

El contrato era para proveer de mercados a instituciones que se ocupan de la atención de adultos mayores.

Archivo Portafolio.co

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Portafolio
julio 11 de 2017 - 09:39 p.m.
2017-07-11

Con multas por más de 2.500 millones de pesos fueron sancionadas dos organizaciones sin ánimo de lucro por incurrir en cartelización o colusión empresarial en un proceso de contratación pública para el suministro de la alimentación para los adultos mayores de Cartagena.

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Esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue dada a conocer ayer, también recae contra los representantes legales de estas entidades: Jeniffer Ávila Rodríguez, de Fundesol, y Darly Johana Asís Padilla, de la fundación Multiactiva.

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Los investigadores encontraron que estas entidades se presentaron con ofertas aparentemente independientes, cuando en realidad se trataba de propuestas coordinadas entre ellas para simular competir en el concurso realizado en el año 2012 por la Alcaldía de Cartagena para suministrarles alimentación a 7.220 adultos mayores de los niveles 1 y 2 del Sisbén.

En concreto, el contratista debía suministrar los mercados para 24 centros de vida, compuestos por 1820 adultos mayores, 5 asilos con 190 adultos mayores y 104 grupos organizados compuestos por 5.200 personas de avanzada edad. El valor del contrato era de $1.985 millones.

LAS PRUEBAS EN CONTRA

La realidad era que Fundesol y Multiactiva tenían una relación estrecha antes, durante y después del mencionado proceso.

Según se determinó, ambas acreditaron disponibilidad de proveedores con documentos falsos emitidos por el mismo supuesto proveedor. La propuesta presentada por Fundesol fue encontrada en un computador de una unión temporal de la que no hacía parte, pero de la que sí era Multiactiva.

El proceso se dio bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa. No obstante, no resultaron adjudicatarias del contrato.

Por otra parte, la investigación de la Superindustria se inició de oficio, respondiendo a varias publicaciones periodísticas que se realizaron al respecto en ese momento.

Tras el fallo condenatorio, además la Súper ordenó compulsar copias de su actuación administrativa a la Fiscalía, pues la cartelización en licitaciones públicas también está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, esta autoridad aclaró que contra la medida, los afectados pueden presentar recurso de reposición.

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