‘Protección al consumidor debe contar con autoridad única’

Así lo considera Pablo Felipe Robledo, quien es partidario de que las sanciones de todas las superintendencias sean acordes con los ingresos de las firmas sancionadas.

Pablo Felipe Robledo

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

Claudia Rubio / CEET

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febrero 08 de 2018 - 10:24 p.m.
2018-02-08

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pronto fallará sobre unos diez procesos relacionados con presuntas violaciones a la libre competencia, entre ellos varios de cartelización de empresas.

(Lea: Superindustria embargó bienes de la familia Quiroz Ruiz)

El titular de esa entidad, Pablo Felipe Robledo, insiste en que hay que mejorar el régimen sancionatorio para las 10 superintendencias que tiene el país y unificar la autoridad de protección al consumidor.

(Lea: SIC protege el signo ‘Bizcocho de Achira del Huila’)

¿Este año cuáles son los grandes retos de la Súper?

En lo que resta del año, tenemos que consolidar esta superintendencia como una entidad que abandera una política pública que busca defender ferozmente la libre competencia y los derechos de los consumidores. Además, hay unas investigaciones en curso, algunas debemos terminarlas e iniciar otras que están en indagación preliminar.

¿Qué casos tendrán más pronta resolución?

Toca resolver en el recurso de reposición de las empresas que han sido mencionadas en el llamado cartel del cemento y acaba de terminarse también el primer caso del cartel de la seguridad privada, pero la idea es culminar un segundo proceso que hay sobre este tema. Además, tenemos varios casos de colusión en licitaciones públicas, el caso del ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá, otro relacionado con las grúas y los patios en Bogotá y varias contrataciones de Fonade.

¿En qué están estos?

Ya tienen informe motivado del superintendente delegado y deben fallarse en dos a tres meses. Entonces, habrá que convocar al Consejo Asesor de Competencia, que le aconsejará al Superintendente qué decisiones tomar.

¿El caso de los Nule no está aún cerrado?

No, en la Súper aún hay casos que vinculan a estas personas.

¿Qué porcentaje de casos de la Súper terminan en sanción?

En materia de libre competencia, diría que entre 70% y 80% de lo que tiene pliego. Donde hay un alto porcentaje de archivo es en la fase de indagación preliminar: 90%.

¿Hay nuevos casos de cartelización?

Existen algunas indagaciones preliminares y pronto lo vamos a anunciar, porque están en etapa reservada, pero también hay cartelizaciones en licitaciones públicas que la Súper ha abierto recientemente.

Algunos critican que sus decisiones desincentivan la inversión.

Algunos empresarios sancionados, no los otros, han vendido la idea de que las acciones de la SIC para proteger la libre competencia implican menoscabo de sus garantías, que las sanciones son exorbitantes o expropiatorias, que hay violaciones al debido proceso, que se genera inseguridad jurídica, etc, pero yo opino lo contrario.

Varios gremios han protestado.

Sí, pero no creo que estén representados los empresarios, porque, por el contrario, en las encuestas estos reconocen en la SIC a una de las mejores entidades que tiene el Estado. No existe ningún país en el mundo que haya generado desinversión extranjera, inseguridad jurídica o mal clima para hacer negocios por cuenta de la autoridad de protección a la libre competencia; al contrario, esto garantiza que los empresarios, nacionales y extranjeros, tienen unas reglas a cumplir en virtud de la economía de mercado. Pero si violan las normas al respecto, tendrán una autoridad que investigue y sancione.

¿Qué cambios hacer a las normas actuales?

Primero, aumentar la capacidad sancionatoria de la SIC, adoptando el modelo europeo y americano, que ya acogieron México, Brasil y Chile, con multas que equivalen hasta al 10% de los ingresos operacionales de las compañías en el último año reportado, porque la capacidad que hoy tenemos para sancionar termina siendo irrisoria, y lo que se estima pudieron haber ganado por su participación en el cartel es varias veces superior a la multa más alta que les podemos imponer.

¿Hay algún proyecto de ley al respecto?


Una vez pretendimos presentar el proyecto y no había ambiente para tramitarlo porque el Gobierno estaba con toda la agenda de la paz, y en texto de ley de probidad que el Gobierno anunció fueron incorporadas, pero este no se ha movido en el Congreso; sin embargo, más temprano que tarde será. De hecho, es una recomendación de la Ocde.

En medicamentos, han dicho que algunas decisiones del Gobierno son anticompetitivas. Qué responder?

Lo que ha hecho el Gobierno es regular el precio de más de 2.000 medicamentos, lo cual es anticompetitivo, pero no ilegal, porque está basado en la Constitución y otras normas; de hecho, esta Súper avaló la metodología que buscaba que la intervención fuera lo menos anticompetitiva posible.

¿Hay previsto algún cambio en la Súper?


En protección al consumidor, es increíble que tengamos una ley que establece multas a los empresarios, como máximo de 2.000 salarios. Esa capacidad sancionatoria también hay que aumentarla sustancialmente o mandarla igualmente al parámetro de un porcentaje sobre los ingresos, y lo mismo en temas de metrología legal.

Pero ese no es un tema exclusivo de nosotros, puede llamar a cualquiera de los 10 superintendentes y ninguno está contento con su capacidad sancionatoria. Una tarea que tiene que hacer el país, independiente del presidente que salga electo, es fortalecer la capacidad sancionatoria de todas las superintendencias.

¿Algún ejemplo?

En materia de protección al consumidor, por ejemplo, en servicios turísticos, la Ley 300 de 1996, que es la norma general de turismo, dice que la máxima multa a un operador de servicios turísticos es 20 salarios mínimos ($15’624.000). ¡Es para morirse de la risa!

¿Qué otro cambio hacer?

En libre competencia, adoptamos hace años un modelo que plantea a la SIC como única autoridad en ese campo y lo que creo es que Colombia debe dar el debate acerca de si debemos hacer lo mismo también en protección al consumidor. Incluso, en la Ocde y en otros países desarrollados este es el esquema dominante.

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