Las discordias por la cadena de supermercados Surtifruver acaba de pasar del campo penal, por el crimen de su socio Jhony Orjuela, al económico. La Superintendencia de Sociedades ordenó la toma inmediata de todas sus sucursales, decisión contra la que no procede ningún recurso.
La determinación se tomó luego de recibir un correo electrónico, el 12 de octubre pasado, en el que se denuncian malos manejos en la empresa.
(Lea: Surtifruver mantiene su plan estratégico, tras la muerte de su fundador)
El mensaje está firmado por Lina Orjuela Rueda, hija de Jhony Alonso Orjuela, el fundador de Surtifruver asesinado en octubre de 2016 por sicarios que, según la Fiscalía, fueron enviados por su esposa.
La joven pidió que se verificaran las actuaciones de su tío, Fredy Orjuela, socio minoritario que asumió el control después del crimen.
(Lea: Surtifruver, con campaña para mantener precios de alimentos)
La conclusión de la Superintendencia es contundente: las visitas realizadas “permiten dudar de manera razonada de la diligencia con la que el actual administrador está ejerciendo su cargo”.
Además, anuncia que Surtifruver enfrenta una crítica situación económica, contable, jurídica y administrativa, que puede tener afectos sobre el mercado e incluso en el sector agropecuario.
(Lea: SuperSociedades prepara ofensiva contra la corrupción de las empresas privadas)
Según la investigación de la Súper, en Surtifruver no se llevaba una contabilidad conforme a las reglas, pues los archivos electrónicos donde está alojada no cumplen con los requisitos de seguridad, tampoco se lleva en orden cronológico y no reflejan transacciones y saldos.
Los expertos de Supersociedades también dijeron que se otorgaron préstamos a los socios como anticipo de las utilidades, algo que no corresponde al objeto y que puede constituir un conflicto de intereses de los administradores.
La Súper advierte que no encontró una “autorización expresa de la junta respecto a los préstamos efectuados a los administradores” y que no hay suficientes garantías económicas para respaldar estas cuentas por cobrar.
El informe señala que “no existe certeza de que la contabilidad refleje de manera fidedigna y confiable la situación de aquella, y en ese sentido no resulta viable concluir que las utilidades se puedan distribuir con base en esta contabilidad”.
El 31 de diciembre pasado, el actual administrador y socio minoritario de Surtifruver Fredy Alejandro Orjuela presentó un pago de 115 millones de pesos como “anticipo préstamos socios”.
Algo que, según la Superintendencia, “evidencia que incurre nuevamente en conflicto de interés, por cuanto la decisión fue adoptada en ejercicio de su cargo de administrador y además favorece sus propios beneficios personales”.
La investigación contable también concluyó que Surtifruver tiene problemas de liquidez, pues hay una deuda con un banco de 313 millones de pesos que presenta mora y otra con dos proveedores que ya está vencida y que suma más de 1.200 millones de pesos. Hay también una serie de actas de junta directiva que se perdieron y otras irregularidades ligadas al domicilio de la empresa que aparece en papeles, pero que no corresponde a la realidad.
La Superintendencia tomó la decisión en primera instancia el 7 de diciembre pasado, pero Fredy Orjuela apeló y trató de explicar cada uno de los hallazgos de la entidad.
En ese momento dijo que no podía haber conflictos de intereses porque se trata de una sociedad familiar con solo dos socios.
Argumentó que Surtifruver no enfrentaba una situación crítica por lo que “no procede someterla al máximo grado de supervisión” y que la mayoría de las irregularidades ocurrieron cuando su hermano Jhony era el administrador.
Además, que tenían más de 31.000 millones de pesos en utilidades retenidas, que eran garantía suficiente para los préstamos que son de 4.178 millones de pesos.
Y aclaró que la sociedad no estaba ilíquida, pues cumplía con todas las obligaciones que tenían con proveedores y bancos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
U.investigativa@eltiempo.com
@uinvestigativa
