A mediados de agosto se inició la primera ronda de renegociación del Nafta, y el primer encuentro fue naturalmente tenso. Estados Unidos llegó declarándose víctima del tratado y atacó a México por considerarlo el culpable de una parte del desempleo y el causante de su déficit comercial. En cambio, el país azteca sostuvo que la renegociación era importante para todos; mientras que Canadá, que no sufre la fobia de Trump, considera que la renegociación es buena, pese a la alta dependencia económica que tiene con EE. UU.
Ya han tenido lugar tres rondas y estiman la cuarta para la segunda semana de octubre. En este marco, EE. UU. ha empezado a ejercer presión para que se obligue a que la producción de vehículos en México incorpore más componentes provenientes de su industria automotriz, y sostuvo que por culpa del Nafta se han destruido 700.000 empleos, tema que, sin duda, será uno de los más complejos en las rondas venideras. En este sentido, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) han recomendado al representante estadounidense en las negociaciones que “todos los trabajadores –sin importar el sector– tengan derecho a recibir un salario que pueda solventar un nivel de vida decente para ellos y su familia, en la región del país signatario en que residan”. Un nivel de vida decente significa, según la Federación: alimentación, agua, vivienda, educación, atención médica, transporte, capacidad de ahorro, entre otros.
En caso de aprobarse esta propuesta, significa que las empresas exportadoras a Estados Unidos deberán demostrar que sus trabajadores obtienen un salario decente, pues de lo contrario podrían ser juzgadas por violar el tratado. Esta idea ha caído bien en México, en donde persisten críticas por el bajo nivel salarial de algunos trabajadores y marca un giro en las usuales discusiones comerciales, ya que la costumbre era hablar de aranceles, cuotas, etc.
Entre la segunda y la tercera ronda, EE. UU. ha puesto sobre la mesa temas que vuelven más tensas las discusiones; por ejemplo, habló de limitar la importación de frutas y hortalizas mexicanas, cuando Georgia y Florida demuestren que tienen cosechas; y acaba de imponer un arancel de 220 % a los aviones CSeries de la canadiense Bombardier, que fabrica las alas de los aviones en Belfast-Irlanda del Norte. La razón, que Boeing acusa a su competidora canadiense de recibir subvenciones del gobierno.
Esto ha desatado también un tensión con el Reino Unido, que ha dicho que no cancelará los pedidos hechos a Boeing, pero espera seguir con buenos lazos con ellos, de lo contrario, amenazaron con no comprarles más aviones. Quizá EE. UU. omitió que la planta de Belfast es la mayor empleadora en Irlanda del Norte, donde peligrarían 4.200 empleos, que sería catastrófico en estos momentos en que se discute el brexit. Esto ocurre en el marco de una “Europa fuerte frente al mundo”, frase reciente de Macron, quién ha revelado su apoyo a Merkel. Hay quienes sostienen que la alianza Siemens-Alstom es producto de esta línea política, lo cual les permite ocupar el segundo lugar en el sector ferroviario, después de la china CRRC, mientras que en tercer lugar quedaría Bombardier.
Jorge Coronel López
Economista - Profesor universitario
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