Miguel Gómez Martínez

Como nunca

Miguel Gómez Martínez
Opinión
POR:
Miguel Gómez Martínez
junio 03 de 2015
2015-06-03 03:27 a.m.
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De lo único que podemos estar seguros hoy en Colombia es que la corrupción aumenta y va, como dicen los marinos, viento en popa. Un estudio excelente de Transparencia Internacional y la Universidad Externado de Colombia (http://issuu.com/transparenciaporcolombia/docs/cuarta_encuesta_) confirma que el pago de sobornos, coimas y otros emolumentos a los funcionarios públicos ha crecido significativamente. En el 2010, el 46 por ciento de los funcionarios pedían directa o indirectamente sobornos a los empresarios. En el 2014 el porcentaje había subido al 58 por ciento. En el 2010, en 37 por ciento de los casos los empresarios debían pagar por realizar trámites engorrosos. Cuatro años más tarde, el 59 por ciento lo hacía para poder superar la maraña de procedimientos y obstáculos administrativos.

El panorama resulta muy desalentador cuando se le pregunta a los empresarios: ¿usted considera que en Colombia hay empresarios que ofrecen sobornos dentro del giro de su negocio?”. La respuesta es apabullante, pues el 91 por ciento de los contesta afirmativamente. ¡El 91 por ciento!

La corrupción es gravísima en términos económicos. Las coimas o sobornos son incorporados en los costos y gastos de las empresas y trasladados al consumidor vía el precio de venta. Además, constituye una desviación de recursos que podrían utilizarse en otros fines como invertir en modernización de maquinarias, capacitación del personal, mejorar los salarios de los empleados, pagar deudas, subir los dividendos a los accionistas, mejorar la investigación o incrementar las ventas.

De la corrupción somos culpables todos, pero no en igual grado. El primer responsable es el Gobierno que nos quiere hacer creer que la mermelada es legítima y constituye gasto social. Lo cierto es que la mermelada es un soborno del Gobierno a los parlamentarios para comprar gobernabilidad, y la verdad es que una parte significativa de esos recursos terminan en los bolsillos de contratistas corruptos que a su vez financian las costosísimas campañas de reelección.

Es responsable el sistema judicial, que le da condenas simbólicas a los que se roban billones, como en el caso de los vinculados al ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. Son responsables todas las ‘ías’, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y las superintendencias, que están encargadas de vigilar y cierran los ojos frente a escándalos de la magnitud de Saludcoop o Caprecom. Y sí, son responsables los empresarios que escogen el camino fácil de la coima en lugar de tener el valor cívico de denunciar al burócrata corrupto. Finalmente, somos responsables todos los que, por acción o por omisión, caemos en la tentación de pasarle el billetico al policía de tránsito o aprovechar un contacto para saltarnos una norma.

La corrupción está asfixiando esta democracia. Estimar el desangre de la economía por la corrupción es difícil, pues la cifras, por obvias razones, no son fáciles de establecer. Por ejemplo, en el caso del ‘carrusel’ de Bogotá, se estima que puede haber superado los 2 billones de pesos, unos 750 millones de dólares. Cuando vemos los castigos simbólicos a los que están siendo condenados los principales implicados, el negocio de los bandidos es redondo. Dos o tres años de cárcel y a disfrutar lo robado en los clubes de la capital o en Miami.

Coletilla: por cierto, de lo de Samuel avanza sin problemas a la prescripción.

Miguel Gómez Martínez

Asesor económico y empresarial

Migomahu@hotmail.com

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