Gabriel Rosas Vega

¿Qué vamos a hacer?

Gabriel Rosas Vega
POR:
Gabriel Rosas Vega
junio 13 de 2013
2013-06-13 12:58 a.m.
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Para los economistas que creemos en la necesidad de tener instituciones y, por tal razón, unas reglas de juego claras acatadas por todos, la carencia de una fundamental, como es la justicia, se convierte en limitante muy seria para el desarrollo económico y social del país.

Hace poco, en su columna de El Tiempo, el politólogo Pedro Medellín hizo referencia al eventual ingreso de Colombia al club de privilegiados conocido como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

No se equivoca Medellín al señalar que un país sin justicia y un orden jurídico bien establecido y sólido no puede emular o participar en la élite global que representa esa institución. La razón es elemental.

Mientras la calidad de los jueces es condición para la estabilidad jurídica, el adecuado tratamiento de los delincuentes es requisito para combatir el delito.

No sobra anotar, que desde el momento mismo en que la institución jurídica nacional, creada para administrar justicia, es constreñida con la amenaza permanente de llevar sus fallos a una instancia superior y extraterritorial, se crea una figura que limita la administración.

Como producto de esta circunstancia la situación cambia, y ya no existe obstáculo alguno para continuar el proceso; sin embargo, motivos de soberanía defendidos a capa y espada por los habitantes del país surgen como una barrera casi infranqueable.

En consecuencia, como no es factible esperar que la participación del país en eventos auspiciados por la Ocde sean ajenos a la disponibilidad de mecanismos institucionales idóneos, entre ellos la justicia, resulta indispensable actuar sobre este frente para enmendar los errores con los cuales es imposible convivir.

De igual manera, estoy de acuerdo en que si quiere entrar en el ‘club de los países más ricos’, además de las económicas, Colombia tiene que garantizar condiciones jurídicas.

No solo deberá asegurar un aparato de jueces competente y efectivo. También, un sistema de castigos suficientemente confiable como para que los Estados miembros de la organización estén dispuestos a trabajar conjuntamente en asuntos como la persecución de los delitos que afectan el crecimiento o la defensa de los derechos de los consumidores.

A propósito de estos comentarios, cabe recordar que hace varios años el nobel de Economía Douglas North –actor principal en la conformación de la teoría del desarrollo institucional– instó a los abogados a que se preocuparan más por la parte económica de sus gestiones, es decir, que su formación no fuera exclusivamente jurídica, sino que tuviera que ver con aspectos económicos.

De igual modo, nos dijo a los economistas que debíamos prepararnos mejor en asuntos jurídicos. Es evidente que esta combinación resulta efectiva para la administración de justicia, pues reconoce el costo económico de los fallos y las implicaciones jurídicas de estos.

En lo que sí no puedo estar de acuerdo es en la connotación peyorativa que le atribuye Medellín al ingreso de Colombia a la Ocde.

Según él, sin introducir los cambios que se requieren para hacer funcionar la justicia de forma correcta, el país se quedaría a la puerta de la membresía.

O, lo que es peor, que todo quede reducido a un acto de fanfarronería. Estoy seguro de que la ingenuidad de nuestra diplomacia no llega a tales extremos.

Gabriel Rosas Vega

Exministro de Agricultura

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