Alberto Schelesinger Vélez

El fondo de la cuestión

La sociedad, el Gobierno, y ante todo el Congreso, deben tomar conciencia de esa admonición o amenaz

Alberto Schelesinger Vélez
POR:
Alberto Schelesinger Vélez
octubre 20 de 2010
2010-10-20 11:49 p.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/22/56cb666562c84.png

La Universidad Sergio Arboleda, a través de su departamento de Derecho Penal, tuvo el acierto de convocar a un foro internacional sobre 'Las estrategias del crimen y sus instrumentos: el autor detrás del autor en el derecho penal'.

Con el apoyo del Instituto Max Planck, se reunieron académicos de 12 países y connotados tratadistas alemanes, entre ellos el profesor Claus Roxin, conocido por su teoría de los Aparatos Organizados de Poder, desarrollada en 1963. También se considera el modelo de Günther Jakobs sobre el 'Derecho penal del enemigo', el cual, a juicio de muchos, y muy serios tratadistas y académicos, está dando al traste con 300 años de avances en la ciencia penal.

La consecuencia sería la de retroceder a estructuras autoritarias, abusadoras del poder penal, que desde la época de la república romana, de los enclaves medievales, la Inquisición, entre otros, donde la modalidad de 'manos libres' y el concepto de 'amigos y enemigos' en lugar de 'culpables e inocentes' al aplicar justicia, fueron etapas a superar en el avance de la civilización y de la limitación al poder represivo, omnímodo y ausente de garantías a favor del ciudadano.

La inversión de valores derivada de la imposición de la razón de Estado sobre la razón jurídica es su marca.

La aparición de delitos de extrema gravedad, de organizaciones criminales de amplio alcance que atentan contra la misma existencia de los estados y la percepción, sobre todo en el tercer mundo, de una incapacidad estructural o cómplice para aplicarles el ordenamiento jurídico, ya llamado 'normal', estarían lanzando de lleno a las naciones hacia un peligro mayor: la búsqueda de 'atajos' y sistemas donde reina la excepción, que eviten la 'impunidad' como imperativo, cuyo proclama se deriva de su propia incapacidad o de los que deliberadamente quieren desestabilizar los estados, acumular poder o simplemente atacar a sus enemigos, con metódica insistencia y medios efectivos como los de comunicación en su ignorancia y sesgo patrocinado.

De la conjunción de estas piezas teórico-académicas que se sustentan entre sí, no nos hemos escapado en Colombia. Lo que simplísticamente se llevó a un enfrentamiento entre el Presidente y la Corte, que ahora estaría en vía de solución por visitas y conversaciones con el implícito 'hagámonos pasito', no toca el fondo del problema.

 El uso del poder punitivo del Estado abrogándose quien juzga y condena las funciones investigativas, de garantías al procesado, en instancia única y sin el balance constitucional de un Congreso que no actúa como le corresponde, es el campo propicio para que Roxin y Jakobs se utilicen y florezcan.

Se observa que indolente o maliciosamente venimos dejando transcurrir el camino de la creación de delitos por sentencia y su aplicación retroactiva, de la eliminación del principio de favorabilidad penal, de la destrucción de la prueba, desaparición de las garantías, formas de responsabilidad objetiva, hacia un sistema cuya misión no es investigar y juzgar, sino condenar; eso sí, aplicando, cuando conviene, parcialmente a Jakobs al perseguir ciertos enemigos como los paramilitares y evitando otros como las Farc y el Eln, o equivocadamente a Roxin, al determinar que la Escuela de Caballería actuó como un aparato criminal organizado de poder en el caso del coronel Plazas.

La sociedad, el Gobierno, y ante todo el Congreso, deben tomar conciencia de esa admonición o amenaza de que estaríamos frente a un 'gobierno de los jueces', que por sus actos sabemos para dónde van, y dejar de pensar en asuntos baladíes como reestablecer la comunicación y buenas maneras.

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado