ANÁLISIS

Una reforma arancelaria sin sustento

No la acompaña una medición de impacto y, menos, la forma como se desarrollará
la producción y se minimizarán los efectos a los sectores afectados.

Alejandro Vélez Goyeneche
Opinión
POR:
Alejandro Vélez Goyeneche
marzo 13 de 2016
2016-03-13 10:08 p.m.

A partir de marzo del año pasado se viene promoviendo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una nueva reforma arancelaria tendiente, según afirman, a crear “una mayor equidad entre los sectores de la economía”. El Mincomercio ha pretendido montar dicha reforma arancelaria a partir de aseveraciones efectistas y de una presentación de Power Point que, económicamente hablando, no ha tenido el más mínimo sustento. Varios sectores productivos han solicitado a esa Cartera el envío de los estudios técnicos que justifican la pretendida reforma, si es que ellos existen, sin que a la fecha se hayan recibido para verificar el soporte de tan importante planteamiento.

Resulta lamentable que la presentación que sustenta una iniciativa de reforma no tenga rigor económico ni siquiera en la metodología, pues en la mayoría de los casos no cuenta con fuentes consultadas, no es clara en el contenido de los datos y carece de convenciones en muchos cuadros de resultado.

Entrando en aguas más profundas que las de la metodología, la propuesta de reforma parte de la medición de aranceles nominales y no de los efectivamente aplicados por el país en virtud de los acuerdos comerciales que ha suscrito, y que, como es obvio, son mucho menores que los nominativos, con lo cual el Power Point del Mincomercio y el estudio que lo respalda –si existe–, parte, de entrada, de una medición errada que lo hace insustentable.

Estudios del propio Gobierno contradicen la exposición de los del Ministerio de Comercio, cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP), indica –en una nota sobre la evolución arancelaria en Colombia– que con la reforma estructural del arancel de 1993 y con la reforma complementaria del 2010, el arancel promedio nacional en el país pasó de 45 a 11 por ciento, y posteriormente se ubicó en el 6 por ciento en el 2014, muy similar al de Chile o Perú, lo cual no justifica una nueva reforma arancelaria.

La presentación del Ministerio de Comercio parece sugerir que la existencia de protecciones efectivas positivas es mala, porque procesos como la agregación de valor en el sacrificio de cárnicos incrementa el valor del bien final varias veces, ¿y qué? ¿Cuándo se ha dicho que la agregación de valor es mala? ¿Tal vez, lo que pretende el Gobierno es determinar, por la vía de una reforma arancelaria o decreto, cuánto puede ser el componente de agregación de valor en un producto?

Otra cosa muy curiosa del Power Point, con el que el Gobierno pretende justificar otra reforma arancelaria es que no se hace ningún análisis serio y comparativo de los niveles arancelarios de los países con los que comercializamos. Sin embargo, de manera simplista, se presenta una supuesta medición de barreras no arancelarias con base en todo lo que determina la OMC, como medidas no arancelarias, sin que exista una evaluación efectiva al respecto por parte de los ‘investigadores’, y, mucho menos, un análisis comparativo frente a otros.

En algún aparte de los planteamientos se dice que el principal problema del arancel actual colombiano es la dispersión arancelaria que se viene presentando en los últimos años, sin embargo, cuando se analiza la presentación, se observa que la dispersión no es, en ningún caso, significativa, en la medida en que, cuando se mira por el lado de la desviación estándar, era de 3 en 1993 y pasó a 3,5 en el 2014 para las materias primas, en tanto que para bienes finales era de 4,8 en 1993 y llegó a 8,0. En este caso, lo anterior sugeriría que habría que corregir la dispersión arancelaria, en el caso de la industria, pero no se demuestra ningún efecto lesivo para el país de esta dispersión marginal.

Cuando se mide la dispersión arancelaria por la vía del coeficiente de variación, pues la misma cosa, de 0,4 en insumos y de 0,7 en bienes finales, con lo cual nada se justifica, ya que en los años previos era de 0,25 y 4,8, respectivamente.

Lo más desconcertante es que la propuesta no cuenta con objetivos de política, no la acompaña ni una sola medición de impacto favorable o desfavorable para el país, ninguna estimación de beneficio en materia de exportaciones y, mucho menos, la forma en que se desarrollará la producción y se minimizarán los efectos negativos a los sectores afectados.

Al parecer, lo único que plantea el Gobierno en materia comercial es una obsesión, sin sustento, por reducir aranceles, en especial los agropecuarios, sin el debido rigor económico ni soporte técnico, cuando la preocupación, en el caso de los ministerios de Comercio y Agricultura, debería estar encausada a recuperar la producción y a generar condiciones para la exportación, en lo que, la verdad, los resultados obtenidos en esta administración dejan mucho que desear.

La falta de rigor técnico hace del Ministerio de Comercio una entidad muy cuestionable.

Alejandro Vélez
Analista

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