Alejandro vélez Goyeneche

En el Gobierno, ¿quién manda a quién?

Lo de la Anla es un episodio de ‘guerra de feudos y competencias’, en los que se mueve la administración del país, y se dan señales contradictorias.

Alejandro Vélez Goyeneche
Opinión
POR:
Alejandro Vélez Goyeneche
abril 24 de 2016
2016-04-24 06:33 p.m.

Parodiando el título de la vieja serie de televisión, es insostenible en el país la incoherencia en el manejo de las políticas públicas, en las cuales nadie sabe quién manda a quién.

La semana pasada, el país observó perplejo otra de las situaciones cotidianas en Colombia cuando el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó la licencia exploratoria a una firma petrolera en el páramo y reserva natural de Caño Cristales y, aunque el señor afirmó en entrevistas públicas que la decisión había sido consultada con las demás entidades estatales departamentales y regionales, estas salieron a desmentirlo y a exhibir sus objeciones y rechazos al permiso de exploración.

Pero lo sucedido con la Anla pasa a diario, y desde hace varios años en el gobierno de Colombia, en el cual cada institución se constituye en ‘reino’ y su feudo se cimenta en decisiones que se superponen a los de otros organismos con competencias similares o complementarias.

Tal es el caso de la ‘lucha’ del Ministerio de Agricultura y el ICA frente a la misma Anla, en el caso de la reglamentación para implementar la importación de Productos Químicos de Uso Agrícola (PQUA) para uso directo, la cual permitiría que la agricultura avance en materia de competitividad, pero en la cual los intereses de la Anla y el Ministerio del Medio Ambiente, manifiestos a través de tecnicismos desde hace casi dos años, impiden que los empresarios del campo y agricultores reduzcan sus costos de producción, a pesar de que el sector privado agropecuario y el rmo industrial, fabricante de estos productos construyeron importantes consensos para que este tipo de importaciones fuera posible.

Sin ir más lejos, cuando el señor ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri se posesionó en el cargo, tenía claro y así lo afirmó en varios foros y reuniones de productores, que la administración del ICA debería cambiar, pues tanto el manejo como el desempeño de la institución no eran los mejores para alcanzar los objetivos de lograr un sistema sanitario adecuado.

Sin embargo, al parecer, de más arriba llegaron las instrucciones de mantener al gerente a toda costa, cuyo padrino político, el senador Cepeda, de Barranquilla, pues era necesario para los intereses políticos.

Como quien dice ‘Coca-Cola mata tinto’, pero libremente se puede pensar que la Coca-Cola que debía haber matado el tinto debería haber sido el interés nacional, a través de la mejora institucional de la autoridad sanitaria.

Ni qué decir del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en el cual, mediante movimientos y maniobras muy cuestionables, en cuanto a equidad y transparencia, se alteró la conformación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior para convertir una instancia de tercer orden en un feudo superpoderoso que decide la vida o la muerte de sectores productivos, inclinando la balanza a través de la alteración de la composición de los votos, generándose el control de la mayoría necesaria para imponer la ley que quiera el MinCIT.

De remate, las decisiones comerciales que afectan a ramos como el agropecuario, las toma el MinCIT, pasando por encima de la misma Cartera Agrícola, pues en su ceno actúan las empresas agroindustriales, las cuales aprovechando, tal vez, deficiencias técnicas de comercio en los asuntos de su resorte, imponen una ley que parece tender hacia la esclavitud agropecuaria a favor de una agroindustria todopoderosa.

Así, lo de la Anla es un episodio más de ‘guerra de feudos y competencias’, en los que se mueve la administración de un país donde cada día se dan señales contradictorias a sus ciudadanos y se percibe un precario privilegio del bienestar general sobre los intereses de particulares de cada institución y total individualidad, independencia y autonomía de las agencias del Estado.

Por eso sería muy bueno que se le dijera a los colombianos ¡quién manda a quién! Y ¡quién manda en qué! 

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