Bandazos por la paz

Redaccion Motor
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Redaccion Motor
diciembre 02 de 2011
2011-12-02 01:30 a.m.

 

El Congreso viene tramitando un proyecto de iniciativa parlamentaria apoyado por el Gobierno, orientado a cambiar la Constitución para diseñar un marco jurídico para la paz.

Los gobiernos siempre han tenido herramientas para conservar el orden público y buscar la paz. Para eso han existido las leyes de amnistía e indulto.

Colombia, como pocos países en America Latina, ha concedido amnistías e indultos.

A pesar de que siempre se ha prohibido la concesión de estos beneficios por “actos de ferocidad, barbarie y terrorismo”, las Farc y el M19 los han recibido no obstante que ambos han cometido actos que pueden ubicarse en esas categorías. Los guerrilleros supérstite del Palacio de Justicia fueron amnistiados. Antes, el presidente Betancourt había concedido a las Farc una amnistía que permitió una tregua con un año de vigencia.

En estas materias, muchas veces hemos procedido movidos por situaciones coyunturales.

Pasamos de la euforia al pesimismo. El Gobierno Betancourt fue generoso con el M19. Sin embargo, como en esa época se dijo, las ilusiones de paz “ardieron en el Palacio de Justicia”.

El gobierno Gaviria, después de haber consolidado con el M19 el proceso de paz que venía adelantando Virgilio Barco, lo intentó con las Farc en Caracas y Tlaxcala, con la intervención de ilustres colombianos como Horacio Serpa, Humberto de la Calle y Héctor Riveros, entre otros.

El secuestro y muerte en cautiverio del exministro de obras Argelino Durán, hizo que se rompieran las negociaciones. En estos días, protagonistas de dichos episodios han recordado la dura posición que en esos diálogos asumió el abatido jefe de las Farc Alfonso Cano.

Pastrana hizo el esfuerzo histórico más grande para llegar a una negociación con esa guerrilla. Asumiendo riesgos políticos y contra sectores de su partido, despejó una amplia zona del país, facilitó los diálogos en el Caguán, por donde desfilaron los estamentos políticos, religiosos y empresariales. Tuvo dos comisionados de paz, Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, que crearon un ambiente de confianza con los subversivos hasta el punto de organizarles un viaje por el Viejo Continente.

El trato que se le daba a los guerrilleros no era el de terroristas, bandidos o narcoterroristas, sino de miembros de la “insurgencia armada”.

El país se desesperó porque las Farc seguían cometiendo toda clase de tropelías. El secuestro del avión de Aires en Neiva llenó la copa y el 20 de febrero del 2002 el Gobierno rompió las conversaciones. Inmediatamente convirtió a sus interlocutores ya no en guerrilleros, sino en terroristas.

A raíz del bárbaro asesinato de los miembros de la Fuerza Pública en Caquetá, los autores del proyecto eliminaron la posibilidad que ellos mismos habían incluido de que un proceso de paz permitiera a los guerrilleros actuar en la vida política.

¿Acaso no habían cometido antes hechos similares? No habían matado en circunstancias parecidas a Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, Consuelo Araújo, los diputados del Valle y otros tantos secuestrados?

No hay que olvidar que el mismo Congreso aprobó el tratado de Roma, que impide conceder amnistías o indultos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Lo que no podemos hacer es diseñar marcos jurídicos para la paz, determinados al vaivén de acontecimientos coyunturales por dolorosos que sean.

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