General Santoyo y el control político

Redaccion Motor
POR:
Redaccion Motor
agosto 31 de 2012
2012-08-31 12:21 a.m.

Bastante se ha dicho a propósito de la aceptación de cargos por parte del general Santoyo en Estados Unidos.

El impacto ha sido, aparte de intempestivo, muy fuerte y doloroso.

Porque saber que un oficial superior de la Policía, por años, estuvo al servicio de agrupaciones criminales asociadas a paramilitarismo, narcotráfico, asesinato, y, además, vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, es algo que conmueve hondamente la conciencia nacional.

Y por si fuera poco, enterarse de que ese oficial cometía sus fechorías desde el propio Palacio de los presidentes nos ha puesto a pensar en un hecho de inusitada gravedad: la vulnerabilidad del Estado.

Hoy, padecemos la vergüenza de que un general de la República, a quien todos teníamos el derecho a considerar un baluarte moral, sea tratado hoy en Estados Unidos como un vulgar reo de gravísimos delitos.

Tal vez, desde el caso del general Noriega, el dictador panameño, no había habido un alto oficial de la Fuerza Pública procesado por delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, a quien se le cambiarán las insignias de general por el uniforme a rayas con que se viste a los procesados.

La pregunta obligada es: ¿cómo fue posible que este individuo llegara tan lejos en el campo agreste de la criminalidad?

Al margen del tema judicial, lo que llama la atención es la ausencia de control por parte del Congreso al momento de aprobar su ascenso. La Constitución Nacional establece que es atribución del Senado “aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado…”.

En cualquier país institucionalmente serio y comprometido con la ética ciudadana, una oportunidad semejante debe ser indicada para que el Parlamento realice audiencias públicas, en las cuales se analice a profundidad la hoja de vida del postulado a general o almirante.

Aquí, como lo más natural del mundo, eso no se hace y, por lo tanto, el estudio previo a los ascensos se convierte en asunto casi de rutina. Es más, en no pocas ocasiones, cuando los documentos pertinentes llegan al Parlamento ya se ha cumplido la ceremonia de ascenso.

Si, en este caso, el Senado hubiese cumplido su función constitucional, se le hubiera evitado al país semejante ignominia.

Al discutirse el tema en la Comisión Segunda del Senado, competente para iniciar el trámite pertinentes, los senadores Cecilia López, Juan Manuel Galán y Alexandra Moreno Piraquive advirtieron acerca de la existencia de graves indicios sobre la participación del entonces Coronel en hechos criminales.

Existía una destitución de la Procuraduría General de la Nación, firmada por Eduardo Maya, por la interceptación ilícita de comunicaciones. Por un formalismo estaba suspendida tal orden, no porque existieran dudas sobre la veracidad de los hechos.

El Senado, sin embargo, no quiso escuchar esas voces de alerta.

Se impuso la ‘aplanadora uribista’ y aprobó, a toda costa, el ascenso, en contra de la opinión de estos senadores independientes.

Conviene, por ello, recordar que para frenar un ascenso no se necesita la existencia de sentencia condenatoria, pues basta con que existan dudas sobre el comportamiento del aspirante.

En el caso de Santoyo, las dudas eran tan numerosas como contundentes.

Casi tan grandes y notorias como la vergüenza que el mundo entero le enrostra hoy a Colombia, por culpa de este militar y de quienes pasaron de agache ante sus fechorías.

Alfonso Gómez Méndez

Jurista – Político

gomezgomezabogados@cable.net.co

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado