¿Otra reforma judicial?

Redaccion Motor
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septiembre 09 de 2011
2011-09-09 02:10 a.m.

 

Ha sido una constante en la reciente historia política del país alegar la necesidad de “reformar la justicia” para cambios constitucionales.

Sin ir muy lejos, el plebiscito de 1957, aprobado por más de cuatro millones de colombianos de entonces (cifra muy superior a los que en el año 90 votaron con un censo electoral mayor por la Constituyente), para despolitizar la justicia estableció, de un lado, el sistema de cooptación –elección de sus magistrados por la propia corporación– para la designación de los miembros de las altas cortes; y de otro, la paridad en virtud de la cual sólo los miembros de los partidos tradicionales podían acceder a los cargos en la administración de Justicia.

El ex presidente López Michelsen, en 1977, logró que el Congreso le aprobara un acto legislativo (declarado inexequible después por la Corte Suprema) para convocar una “pequeña constituyente” que se ocupara exclusivamente de los temas de justicia y del régimen departamental y municipal.

La reforma Turbay de 1979, también de corta duración, por decisión de otro fallo judicial en 1981, entre otras cosas, creó la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Disciplinario (antecedente del Consejo Superior de la Judicatura), y reiteró la carrera judicial ya establecida desde 1957.

La Constituyente de 1991, en su “Comisión de Justicia”, también hizo la “gran reforma judicial”: instituyó la tutela, de indudable eficacia, creó el Consejo Superior de la Judicatura, estableció un periodo de ocho años para los magistrados, modificó la cooptación para determinar la elaboración de listas por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dio origen a la Fiscalía General de la Nación y le confirió una serie de atribuciones electorales a las Cortes, aparte de fortalecer las funciones del Ministerio Público.

Curiosamente, la mayoría de las reformas propuestas van en la dirección de modificar lo que con tanto alborozo se celebró en el año 91: supresión del Consejo Superior de la Judicatura, modificación de la tutela, eliminación de las funciones electorales a los altos tribunales, cambio en los requisitos para ser magistrado, variación en el sistema de elección de los miembros de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, así como su periodo de permanencia.

Como lo ha dicho el coordinador ponente de la reforma, senador Jesús Ignacio García, ninguna de estas reformas apunta a la solución de los problemas estructurales de la administración de justicia que tienen que ver principalmente con la falta de prontitud y celeridad, así como con las complicaciones de los ciudadanos para el acceso a la justicia.

Como se ha dicho ya con razón, esta reforma va dirigida a una recomposición del poder en la administración judicial, pero no a la solución real de las dificultades que aquejan al aparato judicial colombiano de manera estructural.

Seguimos recorriendo el camino equivocado al creer que la dificultad radica en las normas Constitucionales: cambiar otra vez la Constitución para que todo siga igual.

Ya es hora de pensar que a lo mejor lo que hay que hacer no es cambiar las leyes vigentes, sino aplicar las existentes y pensar más en otras causas como la formación de los abogados, el excesivo procesalismo y la poca atención del estamento político y social hacia los administradores de justicia.

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