Álvaro José Cobo Soto
Coyuntura

Los recursos del subsidio familiar, patrimonio social

Cada peso que se le sustrae al 4% va en detrimento de la calidad de vida y el acceso a oportunidades de la clase trabajadora. 

Álvaro José Cobo Soto
Opinión
POR:
Álvaro José Cobo Soto
julio 06 de 2016
2016-07-06 06:28 p.m.
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El subsidio familiar en Colombia es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios, a través de las cajas de compensación familiar, las cuales obran como operadoras y administradoras de estos recursos. Tiene como objetivo aliviar las cargas familiares de los trabajadores con menores recursos económicos, contribuyendo así al sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad y constituyéndose en un patrimonio indiscutible de los trabajadores.

La financiación del sistema de subsidio familiar, proviene principalmente de los aportes sobre el 4% de la nómina que hacen los empleadores, y de los aportes realizados por los afiliados voluntarios, se destina a la prestación de servicios sociales, el pago de cuotas monetarias de subsidio familiar, los subsidios de vivienda, educación, salud, recreación, turismo y demás servicios que prestan las Cajas de Compensación Familiar a todos los trabajadores del país, el retorno de estos recursos incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos.

Hoy, el subsidio familiar constituye uno de los componentes más progresivos de la seguridad social y uno de los que más ha contribuido con la superación de la pobreza y la pobreza extrema, al dirigir gran parte de las prestaciones hacia los trabajadores con menores recursos, garantizar bienestar social y fomentar a la equidad y la progresividad de las prestaciones; es un factor igualmente esencial en la generación de trabajo digno y decente.

En este sentido, cada carga que se impone al sistema de subsidio familiar y que tiende a aminorar los aportes o a modificar los procesos de distribución del mismo, afecta de manera directa a los trabajadores, pues entre menos recursos se destinen a las múltiples prestaciones que tienen las cajas, menores serán los beneficios que reciben los trabajadores, especialmente quienes detentan menores ingresos.

Recientes reformas, especialmente en aspectos laborales, que buscan aminorar las cargas económicas de los empleadores, tienen un alto costo, al afectar el patrimonio social propio de los trabajadores, terminan generando una doble carga social al no existir quien cubra las necesidades de vivienda, educación, salud y recreación, entre otras, de las que gozan los trabajadores gracias a las prestaciones que se brindan actualmente con estándares de alta calidad.

Cada peso que se le sustrae al aporte del 4%, sin medir su impacto económico, va en detrimento de la calidad de vida y el acceso a oportunidades de la clase trabajadora del país.

Es importante recordar que estos recursos son de los trabajadores, para su provecho y el de sus familias.

Programas sociales

Actualmente cerca de 24 millones de colombianos se benefician del sistema del subsidio familiar.

Iniciativas dirigidas a direccionar estos recursos a otros propósitos, distintos a su naturaleza, limitan la capacidad de acción del sistema de subsidio familiar, derivando en una disminución de los recursos que destinan las cajas de compensación familiar a programas de vivienda, educación, cuota monetaria, salud y recreación y turismo.
Se trata de cambios que rompen el círculo virtuoso que por más de seis décadas ha generado el sistema del subsidio familiar en beneficio de la clase trabajadora representado en un mayor dinamismo de la economía y un mayor número de trabajadores en la formalidad, gozando de los beneficios del sistema del subsidio familiar, lo que ratifica su postulado de progresividad social.

En la práctica, estas reformas impactan principalmente a la clase media que en los últimos años se ha venido consolidando y cuyo motor de progreso ha estado representado en la posibilidad de acceder a programas y beneficios de calidad.
Evidentes resultan los múltiples estudios realizados frente a disposiciones como la Ley 789 de 2002, la Ley 1429 de 2010 y la Ley 1607 de 2012 en las modificaciones relativas a la disminución de los costos laborales para los empleadores, en los cuales se demuestra que no solo no generaron las oportunidades de empleo esperadas, sino que desmejoraron las condiciones de empleo de los trabajadores, por lo que insistir en este tipo de medidas para generar empleo no resulta pertinente ya que se afecta el patrimonio social de los mismos.

Entre las propuestas que se han planteado actualmente para la reforma tributaria, se establece la posibilidad de eliminar de manera definitiva todos los aportes parafiscales (Sena, ICBF y CCF) y financiarlos bajo el Presupuesto General de la Nación, disposición que desconoce la naturaleza de las prestaciones del subsidio familiar (al tratarse de una prestación social y de un componente del sistema de seguridad social) y que impondría cargas desproporcionadas a los trabajadores por afectar su patrimonio social.

Las reformas sociales, laborales y económicas, si bien son propias de las sociedades y se hacen necesarias en tanto las demandas en el mercado actual van cambiando, deben contar con estudios claros en los cuales se analicen las implicaciones que tienen para los distintos actores y, sobre todo, se evite tomar medidas regresivas que desmejoren la calidad de vida de los empleados y sus hogares.

Urgente resulta entonces un análisis acertado, claro y oportuno que analice la pertinencia y necesidad de las reformas y que, sobre todo, cuente con la voz de quienes detentan el patrimonio social, pues disminuir los aportes del subsidio familiar es, sin lugar a dudas, socavar los recursos propios de los trabajadores.

Álvaro José Cobo,
presidente Ejecutivo de Asocajas.

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