Andrés Espinosa Fenwarth
columnista

Contra la tributación confiscatoria agrícola

La propuesta de revolcón y seguridad tributaria de Vargas Lleras comprende un tratamiento favorable para la inversión productiva de las empresas.

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
noviembre 21 de 2017
2017-11-21 08:49 p.m.
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El lanzamiento de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras mejora el ambiente político actual, caracterizado por la polarización y la aviesa descalificación de adversarios. A partir de ahora, se abre un valioso espacio democrático para un serio debate público a nivel nacional y regional, centrado en las propuestas programáticas y en las diferentes concepciones del modelo económico y social de los aspirantes a ocupar el Palacio de Nariño el año entrante.

Para materializar de una vez por todas el inmenso potencial del campo colombiano, Vargas Lleras anunció su intención de no postergar más la redefinición de un moderno sistema impositivo que permita devolver la competitividad perdida de las empresas agropecuarias colombianas, resultante de tributos confiscatorios. El planteamiento consiste en establecer una tarifa única de impuesto sobre la renta del 10 por ciento por 30 años para las empresas agropecuarias que realicen nuevas inversiones productivas.

Esta trascendental concepción de trato especial para los negocios agropecuarios es una necesidad sentida de tiempo atrás, habida cuenta de que el Estatuto Tributario le carga la mano de manera excesiva al agro nacional. Para comprobar lo anterior, basta examinar el estudio elaborado por Javier Ávila, de la Dian, en mayo del 2015, intitulado ‘Tasas efectivas promedio de las personas jurídicas’, que estima la carga tributaria real que soportan las compañías en Colombia. La Dian tuvo en cuenta los tributos nacionales con incidencia en las utilidades de las sociedades que pagan renta, los tributos locales, las contribuciones a la seguridad social y los aportes parafiscales.

Los resultados son perturbadores. La tarifa efectiva promedio calculada por la Dian para las empresas del sector agropecuario, pesquero y forestal es del 104,6 por ciento, nivel a todas luces confiscatorio. Para comprender este desvarío fiscal, supongamos que un empresario arrocero vende su cosecha anual y se gana 100 pesos antes de impuestos. Como la carga impositiva es de 104 pesos con sesenta centavos, el Estado le usurpa el fruto de su trabajo rural con gravámenes que superan sus ganancias.

Colombia tiene, así, el régimen tributario agropecuario más gravoso e inequitativo del planeta, características que contribuyen a su letargo histórico y al creciente éxodo de inversionistas en búsqueda de reglas de juego estables y mayores rendimientos. Con razón señalaba John Marshall que “el poder de aplicar impuestos incluye el poder de destruir”.

La propuesta de revolcón y seguridad tributaria del candidato presidencial Vargas Lleras comprende un tratamiento favorable para la inversión productiva de las empresas -incluidas las agrícolas- con una tarifa de impuesto de renta del 30 por ciento; descuento del 100 por ciento del IVA pagado sobre la compra de bienes de capital; depreciación a 2 años del 100 por ciento del costo de las inversiones en maquinaria y equipo; eliminación de la renta presuntiva; recuperación de los impuestos de industria y comercio y 4x100, gravámenes que serán tratados como retención en la fuente en la declaración de renta.
¡Mejor imposible!

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