Andrés Espinosa Fenwarth

Defensa comercial agropecuaria

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
septiembre 18 de 2013
2013-09-18 12:52 a.m.
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La entrada en vigencia de los TLC incrementa significativamente los niveles de comercio, la inversión extranjera, y las exigencias en materia de control aduanero y defensa comercial.

En agricultura, la esencia de estas medidas es su empleo certero y oportuno, dado el carácter perecedero de la cadena alimenticia doméstica y los apuros de empresarios y campesinos, tal como se manifestó en las recientes protestas agrarias.

Colombia cuenta con un abanico de instrumentos de defensa comercial, sanidad animal y vegetal, y tutela de la salud pública acordados en los diferentes acuerdos, que incluyen aranceles, salvaguardias, reglas de origen, cupos de importación, derechos compensatorios contrasubsidios a las exportaciones -incluida su eliminación- derechos antidumping aplicables cuando los precios de mercancías importadas sean inferiores a sus costos de producción, licencias de importación, inspección, vigilancia y control sanitario.

Estos mecanismos de defensa comercial son, además de legítimos, imprescindibles para salvaguardar la agricultura nacional, como lo disponen la Constitución y sus leyes reglamentarias.

Dejando al margen las resoluciones sanitarias a cargo del ICA y el Invima, las demás medidas de protección agrícola están, esencialmente, bajo el control del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que, salvo resuelta decisión política, actúa como un halcón a la hora de examinar su eventual aplicación.

Desde hace 10 años, el Comité de Asuntos Arancelarios, Aduaneros y de Comercio Exterior –conocido como el Comité Triple A– determina desde la cartera del ramo los derroteros de la política de defensa comercial de nuestro país.

El Viceministerio de Comercio preside este comité y controla cuatro de los nueve escaños que lo componen; ejerce, además, la secretaría técnica, con lo cual posee y despliega mayoría absoluta.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por su parte, cuenta con un solo asiento y funge de mansa paloma; los demás puestos en el Comité Triple A están en cabeza del Ministerio de Hacienda, el DNP y la Dian, con lo cual el agro se encuentra en franca desventaja, situación que le impide ejercer cabalmente sus funciones de intervención y protección de la economía agropecuaria, como lo mandan la Carta Magna y la Ley 101 de 1993.

Así pues, es preciso transformar el modelo halcón-paloma, que evidencia el conflicto existente entre los que pretenden imponer una nueva apertura agrícola y los que promueven la conservación de la agricultura como sector estratégico de la economía nacional.

En particular, resulta oportuno adelantar un verdadero revolcón institucional que facilite el uso eficaz de los instrumentos pactados de defensa comercial, incluida la reorientación de las aduanas nacionales, para que, además de fiscalizar la implementación de los TLC, le den prelación a la lucha contra el contrabando.

Andrés Espinosa Fenwarth

CEO de Inverdies

andresespinosa@inver10.co

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