El Consejo de Estado apoyó la tesis del Gobierno respecto a la presunción de legalidad y validez del contrato No. 051-96M de 1996 con Cerro Matoso, que determina las condiciones de la reversión al Estado de todos los bienes de la explotación minera a partir de la fecha de vencimiento y su posterior entrega al concesionario a título de arrendamiento.
El alto tribunal conceptuó, sin embargo, que el contrato era “renegociable en todos sus aspectos” y le recordó al Gobierno su “deber constitucional” de cuidar que el contrato, en sus nuevos términos, “guarde armonía con los modernos estándares de la legislación minera y ambiental, y proteja eficazmente la integridad del patrimonio de la Nación”.
La Agencia Nacional Minera decidió, en consecuencia, prorrogar por tres meses el plazo para concluir, en estos términos, las negociaciones de la concesión minera con Cerro Matoso, que se iniciaron en septiembre del 2011.
Las negociaciones tendrán que abordar, prioritariamente, las razones por las cuales la Contraloría General considera “lesivas para los intereses de la Nación” las cláusulas económicas del contrato No. 051-96M.
Según la Contraloría, el canon de arrendamiento se calcula exclusivamente con base en la información provista por Cerro Matoso, incurriendo así en un “evidente riesgo moral de validez de dicha información”; el canon resulta “extremadamente bajo” a la luz del valor real de los activos productivos a ser entregados en arrendamiento a Cerro Matoso; el canon se computa en función de utilidades, después de impuestos, con lo cual se vincula con las condiciones inciertas del mercado de níquel.
La prórroga de la concesión minera de Cerro Matoso deberá contemplar también el auto de la semana pasada de la contralora general, Sandra Morelli, dirigido al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, el cual incluye la cuantificación de las regalías adeudadas por Cerro Matoso, correspondientes al periodo 1998- 2003 por valor de 28 mil millones de pesos, recursos que a plata de hoy suman 62 mil millones de pesos. La Contraloría identificó costos, que calificó “no procedentes”, relacionados con la amortización de apartamentos en Medellín, Cartagena, Coveñas, bonificaciones extralegales, actividades recreativas, medicinas prepagadas y otros gastos no operacionales que no tienen relación de causalidad con el proceso de producción de ferroníquel de la multinacional.
La contralora Morelli pidió darle traslado a la Agencia Nacional Minera para que proceda al cobro en 30 días, dejando entreabierta la puerta para un eventual juicio de responsabilidad fiscal en el caso en que el concesionario no responda o satisfaga debidamente este nuevo requerimiento.
La caducidad de la concesión minera está igualmente en juego, pues Cerro Matoso tiene la obligación legal irrevocable de ‘pagar oportunamente’ las regalías correspondientes.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies