Andrés Espinosa Fenwarth

La hora 25 de Cerro Matoso

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
agosto 29 de 2012
2012-08-29 01:30 a.m.
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La Contraloría General de la República realizó dos auditorías y una indagación preliminar a los contratos de gran minería entre el 2008 y el 2011, acciones que originaron dos funciones de advertencia y hallazgos fiscales, relativos a las concesiones mineras de explotación de níquel 866 de 1963 y 1727 de 1970 de Cerro Matoso, localizadas en Montelíbano, en el Departamento de Córdoba.

La primera actuación de la entidad de control se circunscribió a la reliquidación de las regalías de Cerro Matoso, que se tradujo en el reconocimiento contractual y pago de 35.317 millones de pesos a favor de la Nación.

La segunda tiene que ver con el proceso negociador, iniciado hace un año, de las concesiones mineras de níquel con esta multinacional, controlada por BHP Billinton de Australia, que vencen el próximo 30 de septiembre del 2012.

La contralora Sandra Morelli confirmó este mes que las negociaciones se adelantan sobre “la base de un contrato que, como ya advirtió expresamente la Contraloría, presenta riesgo de legalidad”.

La funcionaria indicó, además, que “la forma como se acordaron las condiciones de reversión y el arrendamiento de los activos en el contrato 051-96M, que afecta los contratos 866 y 1727, son lesivas a los intereses de la nación”.

El meollo de este asunto se contrae al irrisorio canon de arrendamiento acordado por el Ministerio de Minas y Energía en noviembre de 1996, tasado en 1,25 por ciento semestral de las utilidades netas de Cerro Matoso, el cual no tuvo en cuenta el valor real de los activos arrendados.

La Contraloría considera que la Nación se encuentra en una posición “inmejorable” de negociación, motivo por el cual les advierte a las autoridades mineras que “deberán identificar y controlar los riesgos señalados” antes de “rechazar o aceptar las condiciones propuestas de la prórroga solicitada por Cerro Matoso”. Les reitera, taxativamente, su responsabilidad en el evento que avancen la negociación “sin las debidas previsiones, revisiones, comprobaciones, controles … estudios de conveniencia y oportunidad, de costo-beneficio y de evaluación de las implicaciones de orden ambiental y social que se deriven de la continuidad o no de estos contratos”.

Los autos de advertencia de la Contraloría General no son balas de salva; su expreso acatamiento es imperativo para defender la cosa pública y evitar juicios de responsabilidad fiscal, de potencial impacto patrimonial y penal.

La Procuraduría General y el Congreso Nacional se mantienen también vigilantes, con los 100 ojos de Argos, para garantizar la moralidad pública del proceso y evitar que estos contratos, representativos de las concesiones mineras de níquel más importantes del país y novenas del mundo, generen complicaciones legales o detrimento patrimonial a la Nación.

Andrés Espinosa Fenwarth

CEO de Inverdies

andresespinosa@inver10.co

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