La Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano de marzo del 2018, incluye a Colombia en tres listas negras: productor de drogas ilícitas, fuente de precursores químicos esenciales para la producción de narcóticos y lavado de dinero mediante el contrabando de efectivo a granel, gasolina, licores, electrodomésticos, textiles, ganado y transferencias electrónicas, remesas, casinos, juegos de azar, loterías, moneda electrónica, tarjetas de débito prepagas, minutos celulares prepagos, minería ilegal y comercio de artículos falsificados.
Inicialmente, Estados Unidos planeó seriamente ‘descertificar’ a Colombia por el extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína de los últimos cinco años. Sin embargo, el país se salvó de esta ominosa designación porque la Policía y la Armada colombianas son consideradas socias de Estados Unidos en materia de seguridad continental; el país ha mejorado sus esfuerzos de interdicción de narcóticos, y el gobierno ha retomado la erradicación de los sembradíos de estupefacientes. Pese a lo anterior, el presidente Donald Trump le advirtió al Congreso estadounidense, en septiembre del 2017, que “mantendrá esta designación como una opción” para presionar a Colombia y conseguir “un progreso significativo en la reducción de los cultivos de coca y producción de cocaína”.
El Informe del Departamento de Estado reitera que Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como fuente de heroína y marihuana. Aunque reconoce que el Ejecutivo adelanta una política agresiva de erradicación, interdicción y lucha contra las operaciones criminales, la información conocida extraoficialmente señala que el área cultivada de coca en Colombia pasó de 78.000 hectáreas en el 2012 a 220.000 hectáreas en el 2017, equivalente a un crecimiento sostenido del 182 por ciento en el periodo. La producción de cocaína aumentó de 270 toneladas métricas en el 2012 a 1.200 toneladas métricas en el 2017, correspondiente a un incremento del 344 por ciento en los últimos cinco años.
Estas cifras comprueban que la evolución de la producción de cocaína se deriva no solo del impresionante avance del área cultivada, sino de mejoras significativas en la productividad por hectárea, ligadas, según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a la cooperación agronómica y científica desplegada por los carteles mexicanos (Sinaloa, Zetas y nuevo Jalisco) en las zonas de producción de coca y en los laboratorios cocaleros, por cierto, cada vez más cercanos a los corredores de exportación.
Según el Departamento de Estado, los factores que contribuyeron al aumento de las siembras del alcaloide en Colombia son el abandono de la aspersión aérea en mayo del 2015, que es menester rehabilitar; las Farc, que “exhortaron a los campesinos a sembrar coca, supuestamente para aprovechar el Acuerdo de Paz del gobierno colombiano a través del programa de sustitución”; las tácticas violentas usadas contra los erradicadores; la resiembra y los plantíos de coca en áreas inaccesibles como parques nacionales, resguardos indígenas, zonas de frontera y regiones remotas del territorio nacional, que es forzoso asperjar.