Andrés Espinosa Fenwarth

Pacto nacional agropecuario

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
septiembre 04 de 2013
2013-09-04 12:52 a.m.
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El descontento rural y los paros agrarios han plantado la problemática agraria en el primer lugar de la agenda pública colombiana.

Después de varios días de bloqueos y angustias oficiales, el presidente Juan Manuel Santos finalmente cogió al toro por los cuernos y anunció, en el conclave celebrado con los dirigentes gremiales, el inicio de la concertación de un “pacto nacional por el agro y el desarrollo rural”.

Este proceso pretende “preservar y fortalecer, cada vez más, sus instituciones, su institucionalidad”, con el propósito de transformar el sector agropecuario en un “centro de prosperidad y equidad”.

Para avanzar en esta alianza interinstitucional, es necesario reconocer que en los últimos tres años los asuntos relacionados con la tenencia de la tierra desviaron la atención gubernamental, que además de espantar la inversión extranjera, menoscabaron la política agropecuaria, esencia misma de los sentidos reclamos de los movimientos campesinos.

Para poner a rodar el nuevo pacto por el agro, es fundamental corregir anticipadamente las falencias detectadas por la Contraloría General de la República, que agobian actualmente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestor por excelencia de la política del agro nacional.

La Contraloría rajó la gestión ministerial agropecuaria, auditada al 31 de diciembre del 2012, con 57 hallazgos y una calificación de 54 sobre 100, cuyos resultados le impiden fenecer sus cuentas para la vigencia fiscal 2012.

En opinión del organismo de control, “la planeación estratégica de la Entidad se ve afectada por la falta de claridad y precisión en la definición de las metas, cronogramas e indicadores, y la poca articulación entre los distintos programas”, razón por la cual “no se lograron las metas y objetivos propuestos en los programas auditados de acuerdo con los hallazgos”.

A nivel presupuestal, según la Contraloría, “del total de los recursos de inversión apropiados por $1,2 billones, solo $456 mil millones, correspondientes al 37,8 por ciento, fueron ejecutados y/o desembolsados por los operadores, evidenciando una afectación al desarrollo de la política implementada por el Ministerio”.

La función desplegada por la cartera agrícola, respecto de la coordinación y seguimiento del sector “no es favorable, en tanto que los instrumentos utilizados para el desarrollo de los proyectos de inversión delimitados en el Plan Nacional de Desarrollo no evidencian evolución normativa (…) ni la utilización efectiva de los recursos apropiados para el cumplimiento de los objetivos de política pública”.

Por último, la Contraloría identificó “dificultades en el control de la ejecución y verificación del impacto en los beneficiarios de los programas”.

Así pues, es prioritario reestructurar la cartera agrícola y darle prevalencia a una política agropecuaria de largo aliento que ejecute, eficazmente, los reducidos recursos públicos encomendados para su perfeccionamiento.

Andrés Espinosa Fenwarth

CEO de Inverdies

andresespinosa@inver10.co

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