Augusto Galán Sarmiento

Aseguramiento en salud: ¿hacia dónde va?

La reciente ley ordinaria en conciliación final por el Congreso y la ponencia de Ley Estatutaria en

Augusto Galán Sarmiento
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Augusto Galán Sarmiento
diciembre 21 de 2010
2010-12-21 02:07 a.m.
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El modelo de aseguramiento en salud planteado por la Ley 100 de 1993 nunca se implantó conforme fue diseñado. Sin embargo, se le culpa de las dificultades algunos dicen que hay que cambiarlo. ¿Modificar lo que no se instituyó? ¡Contradictorio!


En la débil capacidad institucional del país y en las aspiraciones particulares de algunos agentes están las causas. La legislación para el sistema de salud ha sido capturada por los ideologismos e influida por unos grupos de interés. La deformación se ha dado paulatinamente mediante normas legales que han atendido más a las presiones de esos grupos que a las necesidades de la población. Han convertido en un enredo el aseguramiento público que intentó implantar la reforma de 1993.


El modelo definido entonces respondió al mandato constitucional de universalidad, solidaridad y eficiencia. Determinó como objetivos el acceso real a los servicios, la promoción de la eficiencia en su provisión y el mejoramiento de la calidad de los mismos. Creó la figura de las entidades promotoras de salud delegadas por el Estado para cumplir con los objetivos; les estableció la gestión de los riesgos financieros y de salud de la población afiliada y las responsabilizó de controlar costos y suministrar un paquete explícito de atenciones financiado por una prima (ambos determinados por el Estado), a través de la organización de una red -propia o no- de clínicas u hospitales.


Todo lo anterior con la participación de entidades públicas, privadas y mixtas, dentro del marco de libre competencia regulada. Esta intervención se previó con el propósito fundamental de corregir las posibles fallas en el mercado de la salud: la selección adversa (el ciudadano que se afilia cuando está enfermo); la selección del riesgo (la aseguradora que busca afiliar sólo a los sanos); el riesgo moral (el ciudadano que cambia su comportamiento porque está asegurado); y el monopolio o cartelización de la función del aseguramiento.


Pero el modelo se desfiguró. Primero, porque se amplió la delimitación de los riesgos financieros y de salud con coberturas no incluidas en el paquete de atenciones determinado por el Estado.


Segundo, porque la intervención legislativa a lo largo de los años ha sido parcializada: estableció una contratación obligatoria del asegurador con la red de hospitales públicos, sin importar la oportunidad y calidad con que ella presta los servicios; les entregó a las secretarías de salud por años las funciones de prevención de las enfermedades para la población del régimen subsidiado, fracturando la integralidad en la atención; restringió la contratación del asegurador con la red propia, sin consultar estudios que evidenciaran la conveniencia o no de la medida para los pacientes; planteó el establecimiento de un piso tarifario, sin darse cuenta de que así no soluciona la competencia desleal entre los prestadores de servicios; eliminó las posibilidades de corregir las fallas del mercado por selección adversa y riesgo moral estimulando la irresponsabilidad de algunos grupos sociales.

 

La reciente ley ordinaria en conciliación final por el Congreso y la ponencia de Ley Estatutaria en tránsito profundizan la deformación contra el modelo de aseguramiento que pretendió la Ley 100.


Lo que ha quedado es un híbrido entre la administración delegada y algunas funciones de aseguramiento, con predominio creciente de la primera. A pesar de ello, la cobertura y el acceso a los servicios se han incrementado. Puede ser mejor, por eso es necesario que se corrijan las distorsiones y se establezcan verdaderas condiciones para operar un aseguramiento universal en salud, con equidad, solidaridad, calidad y eficiencia, conforme lo planteó la mencionada ley.
 

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