Las crisis económicas generadas por los abusos de personas o entidades que manejan el ahorro público, se han producido en Colombia incluso desde mediados del siglo XIX, y guardan grandes similitudes con fenómenos que hemos vivido recientemente.
Aunque en el actual ordenamiento constitucional compete al Estado proteger el ahorro ciudadano, y nadie puede captar dinero del público ni otorgar créditos sin estar autorizado por el gobierno, tras culminar las guerras de independencia, nuestro incipiente Estado no había regulado esa actividad.
Ello permitió la actividad especulativa de Judas Tadeo Landínez, quien comenzó su actividad en 1839 con de 22.000 pesos de la época, y llegó a captar recursos por encima de 2’100.000 en 1841, mientras el presupuesto total del Estado ascendía a alrededor de 2’000.000 de pesos.
Landínez comenzó a captar dinero de los bogotanos pagando un interés del 2 por ciento mensual, muy superior al 1 por ciento de la época, entregando a cambio una letra o pagaré que era utilizado como papel moneda, por la buena reputación que tenían, al punto que los clientes pasaron de dar sus recursos líquidos a entregar sus inmuebles.
Agotados los predios de la capital, Landínez extendió su negocio a los pueblos vecinos y los altos rendimientos que ofrecía indujeron a muchos, incluso comunidades religiosas, a entregarle sus bienes. Para sostener el ritmo de pagos, pasó a hacer negocios más riesgosos en la agricultura y la manufactura.
Los problemas comenzaron cuando quiso adquirir la factoría de tabaco en Ambalema, porque la velocidad con la que cambiaban de mano los papeles emitidos como pago generó desconfiaza, al temer que esa velocidad fuera expresión de desconfianza.
Cuando intentó arrendar la mina de sal de Zipaquirá, enfrentó problemas de liquidez y al no poder vender prontamente los bienes adquiridos tuvo que demorar cada vez más los pagos de intereses. Para salir de esa situación, cobró al Estado bonos que había comprado a los veteranos de la independencia por un precio promedio de 20 por ciento del valor nominal del título, pero el Estado no pagó la deuda del modo esperado y prometió hacerlo en tres años, dejándolo sin liquidez para pagar intereses. Entonces, pidió a los titulares de sus pagarés y papeles prorrogar sus cobros para evitar una crisis, pues muchas personas le habían confiado sus recursos.
El colapso de Landínez comenzó cuando el Estado no le pagó el dinero de los bonos, esto llevó a la pérdida de la confianza por parte del público y a la quiebra de muchas personas.
Ha pasado más de siglo y medio y se siguen repitiendo fenómenos similares: aparecen captadores extralegales que ofrecen elevadas y rápidas utilidades, pero esa dinámica, obviamente es insostenible, pues no está apoyada en los rendimientos productivos. Y el Estado permite que rebroten periódicamente.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, U. Nacional y Externado
beethovenh@hotmail.com