Beethoven Herrera Valencia
análisis

EE. UU. y el marchitamiento de la regulación bancaria

Sacar de la regulación estricta a 26 de los 35 bancos deja solo a 9 entidades grandes de este tipo sometidas a la Ley Dodd-Frank.

Beethoven Herrera Valencia
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Beethoven Herrera Valencia
junio 13 de 2018
2018-06-13 08:40 p.m.
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Recién posesionado Trump, el republicano Jeb Hensarling presentó al Congreso la Financial Choice Act, un documento de 600 páginas que trataba sobre modernización de penalidades y condiciones de bancarrota para entidades financieras y nuevos estándares contables para Wall Street. Su introducción decía que buscaba “… la creación de esperanzas y oportunidades para inversionistas, consumidores y emprendedores mediante la culminación tanto de préstamos de salvamento, exigiendo la rendición de cuentas de Washington y Wall Street, eliminando restricciones para aumentar el acceso a capital y crédito, y rechazando las provisiones de la Ley Dodd-Frank que convirtieron a América en un país menos próspero, menos estable y menos libre”. (https://www.congress.gov/115/bills/hr10/BILLS-115hr10eh.pdf).

De modo que en orden a flexibilizar la regulación y anular la eficacia de la Ley Dodd Frank, se presentó la Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act, el 16 de noviembre dek 2017, y fue aprobada por el Senado el 22 de marzo del 2018 (Library of Congress, 2017).

Los promotores expresaban preocupaciones sobre la disponibilidad del crédito, el acceso del consumidor al mismo y la carencia de responsabilidad regulatoria; atribuyen a la Ley Dodd-Frank haber ocasionado crecientes frustraciones sobre el costo de la microadministración regulatoria y sostienen que hay débil aseguramiento ante futuras crisis. Además se declaran voceros de bancos comunitarios pequeños, que han suplicado por un alivio regulatorio, aunque datos recientes demuestran una rentabilidad renovada en estos.

Tras pasar por la Cámara dicha propuesta se discutió dos veces en el Senado y se remitió al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, pero los republicanos optaron por fraccionarla para hacerla más aceptable. El proyecto que se convirtió en ley el 1 de noviembre del 2017 establece que las demandas no podrán ser colectivas, sino individuales, y resulta evidente que los clientes no siempre cuentan con recursos, tiempo y conocimiento para reclamar individualmente.

El límite para bancos comunitarios que se encuentran bajo estricta supervisión se aumentará para las instituciones con activos consolidados desde 10 billones de dólares hasta 50 billones, de modo que muchos bancos que están por debajo de esa cota quedarán sin supervisión automática. Y como pasa a ser una decisión discrecional de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, hay un incentivo al cabildeo.

Además, la ley cambia las categorías del riesgo sistémico de 3 a 2, dejando a la Junta de Gobernadores de la Fed menor margen de maniobra para elegir a qué categoría pertenece un banco con el fin de decidir si lo somete a supervisión. Además, se eleva el límite de las instituciones con activos consolidados de 10 billones a 250 billones de dólares y se cambian las pruebas de estrés de anuales a periódicas, sin especificar el tiempo (Library of Congress, 2017, p.131).

El bajo apalancamiento permite la especulación y la irresponsabilidad financiera, ya que los bancos no consideran la gestión de riesgo como prioridad, sino como un resultado colateral, de modo que esta elevación del tope a partir del cual se hará supervisión colocará a un banco comunitario con los mismos derechos de apalancamiento que uno grande. Cambiar el umbral de 50 billones a 250 billones de dólares y establecer que no son una amenaza para la estabilidad financiera es algo que tendrá consecuencias futuras. Las opiniones de los demócratas estaban divididas y, de hecho, el debate del proyecto fue detenido, aunque la mayoría concordaba con la Senadora Elizabeth Warren cuando sostuvo que “hay apoyo demócrata y republicano porque los cabilderos han estado presionando desde el primer día en que la Ley Dodd Frank fue aprobada, para debilitar la regulación sobre estos bancos gigantescos”. Y agregó que “si este proyecto es aprobado, los bancos nacionales serán regulados como si fueran un pequeño banco comunitario … y eso es asombrosamente peligroso para la economía americana” (https://www.boston.com/news/politics/2018/03/07/ elizabeth-warren- democrats-crapo-bank-deregulation-bill).

La ley fue apoyada por demócratas y republicanos, por el afán de los primeros de conseguir apoyo para proyectos futuros que se consideran más importantes (migración, salud y déficit fiscal).

El cambio más radical ha sido ubicar en la misma categoría a los bancos comunitarios locales y a los comerciales grandes como SunTrust, el cual además de prestar dinero hace titularizaciones y otorgó prestamos tóxicos a personas sin capacidad de pago, conocidas eufemísticamente como Ninjas ( sin ingreso, ni empleo ni activos)... Y les prestaron conociendo de antemano su incapacidad de pagar, para luego titularizar las hipotecas y venderlas. ¡El resultado final es conocido!

La conclusión es que sacar de la regulación estricta a 26 de los 35 bancos deja solo a 9 instituciones grandes sometidas a la Ley Dodd-Frank, y ello es altamente riesgoso, pues quedan 1.807 bajo supervisión laxa. Más preocupante es que estos no podrán recibir ayuda en una probable crisis futura. Ello crea una mayor fragilidad a todo el sistema financiero, ya que, como quedó demostrado en el 2008, por la globalización, las crisis financieras no se limitan a Wall Street, sino que se extienden a toda la economía mundial, ahora interconectada.

La historia se repite…

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