Al tiempo que el Reino Unido sale de la Unión Europea, Trump decide no ratificar el Tratado Transpacífico (TPP) y obliga a Canadá y México a renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), con la amenaza de abandonarlo si no acogen sus exigencias, el Congreso de Colombia aprueba la Ley 1868 de septiembre 1 del 2017, sancionada por el Presidente de la República después de unas objeciones iniciales.
Esta ley fue propuesta por el Centro Democrático y ordena al Gobierno a rendir informes anuales sobre los impactos en materia macroeconómica y sectorial de los TLC ratificados por Colombia, e informar sobre el estado de la balanza comercial del país con las economías que tiene dichos acuerdos.
Los informes deben presentarse anualmente en sesión formal conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, y deben exponer el estado de intercambio de bienes y servicios de bienes productivos, el efecto de los TLC en el empleo formal e informal, la Inversión Extranjera Directa en Colombia, la estrategia de los ministerios para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y la diversificación de la oferta exportadora.
Ese cambio del péndulo ideológico se expresa bien en la publicación que el exparlamentario Miguel Gómez Martínez, expresidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana y tradicional defensor del libre comercio hiciera bajo el título ‘Y si Sarmiento tuviera razón’ (Portafolio, 12 de mayo del 2015), en el cual, después de advertir que las diferencias teóricas no pueden esconder lo evidente, afirma, de modo perentorio, que “el modelo de apertura, tal como se ha implementado en Colombia, está haciendo agua”.
El autor retoma la tesis de Sarmiento Palacios, en el sentido que “dejar los sectores productivos al vaivén de la competencia internacional es un error histórico, pues supone que tenemos empresas sólidas, debidamente articuladas y mercados internos fortalecidos por una demanda agregada sólida y estable. Pero, como todos sabemos, nuestros mercados internos son imperfectos, dominados por oligopolios y sometidos a condiciones de comercio internacional poco equitativas. Además, arrastran con el lastre de no tener buena infraestructura, deficiente tecnología y un pobre nivel de capacitación”.
Una prueba más del rezago con el que actúan los diseñadores de políticas públicas y los parlamentarios, es que la nueva ley no menciona, entre los aspectos llamados a revisión, el tema de las numerosas demandas que, por sumas cuantiosas, han instaurado, al amparo de los TLC y de inversión, multinacionales contra el Estado colombiano. (Portafolio abril 9 de 2017).
Ojalá el Gobierno pueda desarrollar una defensa exitosa de interés nacional en estos pleitos, y nos permita un margen para reorientar el cuestionado modelo de inserción que Colombia ha adoptado para vincularse al mercado mundial.