Las sanciones a compañías basadas en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que sirven de base a las redes sociales, demuestra que, mientras esas empresas operan sin acatamiento de regulaciones, las autoridades encuentran que las normas existentes les son aplicables y su violación debe sancionarse. Además, se están sancionando las políticas de favorecimiento fiscal que diversos gobiernos ofrecen a esas firmas con el propósito de atraerlas para que generen empleos en su territorio.
Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional falló a favor de un comerciante que reclamaba a Google por haber afectado su buen nombre, pues publicaciones anónimas lo tildaban de estafador. Como la Corte no encontró procesos judiciales en su contra, ordenó eliminar el blog en el que se hicieron los comentarios, pero Google argumentó que no era responsable de esos contenidos. Por su parte, la Corte ordenó al ministerio respectivo crear una regulación para proteger el buen nombre frente a publicaciones injuriosas, deshonrosas y difamatorias.
La Comisión Europea ha obligado a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en impuestos que Amazon no pagó por haberse beneficiado de un sistema fiscal contrario al libre mercado. El esquema de evasión ofrecido por Luxemburgo permitió a Amazon eximir del fisco el 75 por ciento de sus ganancias en Europa entre mayo del 2006 y junio del 2014. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a Avantel por más 500 millones de pesos, con el cargo de envío de mensajes con contenido comercial y publicitario a través del sistema de diez dígitos en vez del de códigos cortos, y de esta manera la compañía violó la regulación respecto a los derechos de los usuarios de no recibir información publicitaria sin autorización.
Asimismo, la Comisión Europea investiga a Google por utilizar su posición dominante para limitar el número de anuncios de otras plataformas en los resultados de su buscador, así como adoptar prácticas anticompetitivas mediante su servicio Android en el mercado de los sistemas operativos móviles, obligando a los fabricantes de dichos dispositivos a comprarle su sistema.
La Comisión Europea, con sede en Bruselas, culminó una investigación de tres años, y la entidad a cargo de la competencia estima que las ventajas que otorgó Irlanda a Apple para reducir sus impuestos son ilegales e impuso la mayor devolución de tributos registrada en el territorio de la unión.
Aunque hay debates que siguen abiertos, por ejemplo, si se puede prohibir la comercialización en la red de libros que están restringidos en determinados países, las autoridades consideran que las empresas digitales y las redes virtuales deben garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y tributar como todos los contribuyentes. Eso explica la seguidilla de multas.