A Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, le habían otorgado el más alto grado de calificación posible (Triple A+) poco antes de su colapso.
Esa paradoja se explica porque las calificadoras eran contratadas por las firmas que emitían paquetes hipotecarios para medir los riesgos asociados a estos activos, y si el pago por la calificación lo hacían las mismas firmas que serían objeto de la valoración, es evidente el conflicto de intereses.
Recién desencadenada la crisis, el presidente Obama presentó el proyecto de ley que culminó en la aprobación, en el 2010, de la Ley Dodd-Frank. La crisis desnudó falencias del sistema, y por ello la nueva norma adoptó principios macroprudenciales y ordenó aumentar el capital propio de las instituciones financieras, reforzar la regulación y supervisión de instituciones grandes e interconectadas, mejorar la supervisión del complejo sistema financiero, mejorar el gobierno empresarial y las compensaciones bancarias con la toma de riesgos prudentes, y revisar los sistemas de decisión de las instituciones bancarias grandes.
La llegada de Donald Trump a la presidencia creó cierta expectativa en el sector financiero, y las promesas de eliminar los altos costos derivados de la nueva ley, se veían con buenos ojos desde Wall Street.
En consecuencia, el Partido Republicano comenzó a atacar las instituciones que fueron creadas durante el gobierno Obama, quitándoles facultades. Por ejemplo, según el Financial Times, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos frente a abusos financieros, dejará de supervisar préstamos por encima de la tasa de usura, por orden del director de la institución, Mick Mulvaney.
En junio del 2018, el Congreso aprobó la Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. Esta ley deja por fuera 26 de los 35 bancos que debían someterse a pruebas de estrés de manera frecuente bajo la DFA (Dodd Frank Act ), al no considerarlos de importancia sistémica.
Bajo el argumento de los elevados costos de implementar la regulación, el cambio se aprobó con el apoyo de los demócratas, los mismos que habían apoyado la Ley Dodd-Frank.Por esto, Ben Bernanke, junto con los exsecretarios del Tesoro Henry Paulson y Timothy Geithner, publicaron un artículo en el New York Times, en el cual muestran su preocupación por los cambios a la DFA.
Los autores manifiestan que el Congreso le ha quitado herramientas de contención ante una eventual crisis a la Federal Deposit Insurance Company (FDIC), a la Reserva Federal (FED) y al Tesoro. Entre estos cambios destacan las trabas impuestas a los préstamos de emergencia por parte de la FED, que se incluyeron en la Ley Dodd-Frank. ¡Ellos tienen por qué saberlo!
Beethoven Herrera Valencia
Profesor U. Nacional y Externado
Colaboración de Juan Camilo Puello
