Beethoven Herrera Valencia
Columnista

Puerto Rico: soberanía y bancarrota

Beethoven Herrera Valencia
Opinión
POR:
Beethoven Herrera Valencia
julio 17 de 2016
2016-07-17 04:39 p.m.
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El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó el intento de Puerto Rico de establecer una ley que le permitiría recortar miles de millones de dólares de deudas de empresas públicas, constituye un obstáculo en los intentos de la isla para superar la gravísima situación fiscal.

Con tres millones de habitantes, y una deuda de 72 mil millones de dólares, Puerto Rico tiene a la mitad de su población en la pobreza y sufre el desangre de la constante migración hacia el continente.

El primero de mayo, la isla dejó de pagar 370 millones de dólares a los tenedores de sus bonos y esperaba una decisión favorable del tribunal supremo que le permitiera negociar con los acreedores antes de que vencieran los pagos por 2.000 millones de dólares por capital e intereses, el primero de julio.

El juez Clarence Thomas, vocero de los cinco magistrados que fallaron en contra de la pretensión de Puerto Rico, explicó que es evidente que el texto de la ley prohíbe a Puerto Rico promulgar sus propios esquemas de quiebra municipal. Por su parte, la juez Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño y quien junto con Ruth Bader Ginsburg votaron a favor de la posición de la isla, dijo que “el Gobierno y el pueblo de Puerto Rico no tendrían que esperar a la acción del Congreso para evitar la falta de electricidad, transporte y agua potable, en una situación que miembros del Ejecutivo y el Legislativo han descrito como el riesgo de una crisis humanitaria” (Reuters, junio 13/16).

Esta decisión de la Corte impide a Puerto Rico (y al distrito de Columbia) autorizar bancarrotas, lo cual está reservado a los Estados, y resulta claro que Puerto Rico no lo es de pleno derecho. Por lo tanto, no puede autorizar a sus agencias municipales a reestructurar sus deudas.

Tal decisión hizo aumentar la cotización de los bonos de Puerto Rico y dejó la situación a la espera de que el Senado aprobará una ley antes del 2 de julio, creando una junta de supervisión federal que ayude a la isla a manejar su deuda, como efectivamente ocurrió. Pero Puerto Rico no puede decidir acogerse a la ley federal de quiebras, por ello promulgó en el 2014 la legislación propia, que ahora la Corte Suprema acaba de invalidar.

Es evidente que los fondos especulativos oportunistas que recompran deuda con descuento, para cobrarla después por su valor nominal, están de por medio con sus pretensiones, de similar manera que lo hicieron con Argentina.
Pero como afirmara Paul Krugman en su primera visita a Colombia, la política de eliminación de impuestos en Puerto Rico, como estímulo para atraer a las empresas a asentarse en la isla, terminaría por ser insostenible.


Beethoven Herrera Valencia
​Profesor de las Universidades Nacional y Externado
beethovenhv@gmail.com

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