Cuando se comparan las evaluaciones que los diferentes analistas realizan de la evolución en el uso de las regalías, se tiene la impresión de que hablan de países distintos: Mientras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que en regalías estamos “mil veces mejor que antes”, otros, en cambio, creen que no hay motivo para tanta dicha.
El Ministro considera que el actual sistema es más equitativo, más eficiente, llega a más territorios y que la cooperación del 10 por ciento del sistema que financia ciencia, tecnología e innovación incorpora la posibilidad de ejecutar proyectos para la implementación de los acuerdos de paz. (El Tiempo, mayo 6/2018)
En su argumentación, el el jefe de la cartera de Hacienda sostiene que se han destinado 31 billones de pesos para ejecutar 13.420 proyectos aprobados; y destaca que, mientras en el antiguo sistema el 80 por ciento de los recursos se concentraban en los nueve departamentos mineros y petroleros, donde reside el 17 por ciento de la población, actualmente el 80 por ciento de los recursos llega al total de la población, y el 20 por ciento restante a las regiones productoras.
Adicionalmente, el Gobierno señala que el Fondo de Ahorro y Estabilización ha recibido, en promedio, el 20 por ciento de los recursos y acumula a la fecha 3.400 millones de dólares, en tanto que la reforma del 2018 permitió que el 7 por ciento de las regalías (cerca de 500.000 millones de pesos anuales) financien el acuerdo de paz, y por esa vía el posconflicto contará con recursos seguros hasta el 2037.
Paradójicamente, en el mismo diario, en la misma fecha, el exministro de Hacienda Guillermo Perry, sostiene que “hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de recursos en proyectos de muy bajo impacto (...). La gran mayoría de proyectos de innovación no merecen ese nombre y han sido ejecutados por entidades sin calificación técnica”. (El Tiempo, mayo 6/2018).
Este balance crítico es coincidente con el estudio de la Contraloría General de la Nación, en el que se concluye que hay dispersión y ausencia de visión estratégica en los proyectos aprobados, los Ocad no cumplen las funciones fundacionales, hay ausencia de proyectos regionales, se considera inadecuado el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se cree que permanece el riesgo de corrupción.
La Contraloría reconoce que si antes las regalías llegaban a 522 municipios, hoy cubren a 1.122 municipios, pero hay una fragmentación de proyectos pequeños sin una visión de largo plazo, los municipios tienen muy pocas posibilidades de acceder a los fondos de inversión y los gobernadores concentran un poder de decisión abrumador.
Es controvertido el papel que desempeñan los Ocad, pues, aunque fueron concebidos como órganos colegiados con participación de diversos actores, la Contraloría encontró que las votaciones allí son solo formales; de 567 proyectos reportados, solo 8 (1,5 por ciento) tuvieron un voto negativo, lo cual, en la práctica, constituye el unanimismo.
Igualmente grave es el hecho de que los 1.326 proyectos aprobados entre el 2011 y el 2017 solo 16 (2,1) fueron departamentales. Ello obliga a poner en cuestión la existencia de los múltiples Ocad regionales, pues han terminado convertidos en una burocracia inútil por la falta de visión departamental y de coordinación entre la Ley de Regalías y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
En lo que se refiere a los recursos del Fondo de Tecnología, Emprendimiento e Innovación, la Contraloría encuentra que los proyectos terminan siendo ejecutados por personas no idóneas, y estima que es dudosa la naturaleza de esos proyectos o que fueron modificados para su ejecución.
Además, el ente de control observa lentitud en la ejecución y riesgo de corrupción, pues a diciembre del 2017 había 12,7 billones sin ejecutar, equivalentes al 38 por ciento de la inversión; todo ello causado por la rotación del personal del DNP, con el consiguiente cambio de criterios y la arbitrariedad en la aplicación de estos, pese a la detallada normatividad, y la descoordinación entre las entidades de orden nacional. (Contraloría General de la Nación. ‘Evaluación y perspectivas de reforma del sistema regional de regalías’ 2018).
El Gobierno ha propuesto reglamentar la reforma constitucional de regalías a través de un proyecto de ley que busca hacer más eficiente la ejecución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Iinnovación por medio de convocatorias abiertas y públicas que le otorguen mayor participación a las universidades, organizaciones científicas y centros de investigación.
El mencionado proyecto de ley es objeto de controversia, pues, aunque en su enunciado se declara que los departamentos mantienen su autonomía para determinar sus necesidades y estructurar los planes y acuerdos estratégicos, introduciría un mecanismo de convocatorias abiertas y competitivas que permitiría la presentación de proyectos por parte de entidades expertas y especializadas que garanticen la calidad en la ejecución. Así mismo, propone la ejecución de proyectos por entidades especializadas sin importar su naturaleza jurídica y asigna a Colciencias el papel de órgano rector de vigilancia cuando la operación la realice una entidad privada. Además, los recursos serían transferidos directamente desde la cuenta única del Tesoro hacia la del contratista.
Aunque resulta evidente que estas propuestas buscan racionalizar la asignación y ejecución de dichos recursos, introduce una clara limitación a las competencias de los gobernadores y ello podría explicar la amplia oposición que ese proyecto de ley tiene entre los mandatarios regionales.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional y Externado