Beethoven Herrera Valencia

Haitianos, sin patria

Beethoven Herrera Valencia
Opinión
POR:
Beethoven Herrera Valencia
diciembre 01 de 2014
2014-12-01 02:29 a.m.
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Cuando Francisco Peña Gómez, dirigente del Partido de la Revolución Dominicana (PRD), aspiraba a la presidencia, tuvo que declarar en televisión que no era haitiano, pues era el principal argumento en su contra. Murió sin haber logrado su propósito, pero esa situación puso de manifiesto el sentimiento de rechazo en República Dominicana hacia los inmigrantes de origen haitiano.
La ocupación haitiana de su vecino dejó sembrada una animadversión histórica, que en las condiciones de pobreza que vive Haití, y que obliga a migrar en busca de empleo en el país vecino, ha convertido el problema en un drama humanitario.
Tras soportar por medio siglo la dictadura de François Duvalier con sus grupos paramilitares, TonTon-Macoutes y de su hijo, quien fugó a cuentas suizas 5.000 millones de dólares, Haití ha soportado terremotos, epidemia del cólera, una onerosa deuda externa y los estragos de la apertura comercial. En esas condiciones, la migración hacia República Dominicana es una válvula de supervivencia y quienes han migrado, y, sobre todo, sus hijos, no quieren regresar.
En sentencia del 23/09/13, el Tribunal Constitucional dominicano (TC) privó de ciudadanía a Juliana Deguis, hija de inmigrante haitiano, nacida en Dominicana, y le incautó su acta de nacimiento, con la cual podía obtener su cédula. La sentencia ordenó a las autoridades examinar los registros de nacimiento desde 1929 para identificar casos similares y despojar a estas personas de su nacionalidad. Un número estimado en 244.151 personas (de los cuales 209.912 son hijos de haitianos) han quedado en condición de ‘apatridas’.
En sentencia de octubre 22/14, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable a República Dominicana por desconocer los derechos a la personalidad jurídica, nacionalidad y el nombre, y por someter a privaciones ilegales de libertad y expulsiones sumarias a 23 haitianos y dominicanos de origen haitiano indocumentados, entre ellos 13 menores de edad, entre 1999 y 2000.
En el mismo fallo, la CIDH determinó que la sentencia del TC viola el derecho a la personalidad jurídica y a la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a prevenir la apatridia, a reparar a las víctimas y a dejar sin efecto la norma que prive a una persona de la nacionalidad si nació en República Dominicana y no tiene acceso a otra. El delegado dominicano alegó que resultaba imposible acatar la sentencia “por violar la soberanía de la nación dominicana”.
En lugar de acatar el fallo, el TC determinó que la sentencia de la CIDH no tiene efecto vinculante, pues la adhesión a dicha Corte es inconstitucional, ya que fue firmada en 1999 por el presidente Leonel Fernández, pero no fue ratificada por el Congreso. No podrán acogerse las decisiones de la CIDH hasta tanto no se dé la ratificación por el Congreso.


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