El neoliberalismo impuso la desregulación de los mercados y la libertad absoluta de acción para bancos y empresas, pero hay crecientes condenas judiciales por violación de la libre competencia, engaño a los consumidores o evasión fiscal.
JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la justicia para cerrar investigaciones por su responsabilidad en el otorgamiento de préstamos que no cumplían con las normas (hipotecas basura), sin informar a los inversores acerca de la calidad de las mismas. El banco deberá pagar US$13.000 millones, lo cual constituye un récord en sanciones, después de la multa de US$4.500 millones impuesta a BP por el derrame de petróleo en el golfo de México.
Al anunciar la sanción, el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, afirmó que “debe haber una rendición de cuentas por la mala conducta que llevó a la caída del mercado de vivienda y el colapso de la economía estadounidense”, y agregó que “nos negamos a permitir que los fraudes sistémicos que dañaron a muchos propietarios e inversores simplemente se olviden”.
También en Estados Unidos, GlaxoSmithKline pagará US$3.000 millones de dólares y se declarará culpable de promover dos populares medicamentos para usos no aprobados y no develar información importante de seguridad sobre un tercer fármaco. Junto al caso penal, hay un acuerdo civil por la inapropiada mercadotecnia de la compañía, que incluía ofertas a los médicos de vacaciones en hoteles costosos, giras de conferencias bien pagadas y boletas para un concierto de Madonna. Al anunciar la sanción, el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, James M. Cole, afirmó enfáticamente: “Voy a ser claro. No toleraremos fraudes en el sistema de salud”, y denunció la creencia existente acerca de que tales prácticas son normales a la hora de hacer negocios. Recientemente, la empresa fue acusada en China por cargos similares.
Johnson & Johnson pagará más de US$2.000 millones para resolver los cargos por comercialización de medicamentos para uso no aprobados y pagos de comisiones a médicos y hogares de ancianos. El fiscal general Eric Holder, afirmó que “la empresa y dos subsidiarias se forraron los bolsillos a expensas de los contribuyentes, de pacientes norteamericanos y de la industria privada de los seguros”.
En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a Claro con $90.108 millones, la sanción más alta impuesta, por no atender peticiones, quejas y recursos de sus usuarios. En septiembre, la Superintendencia multó a Claro por abuso de posición dominante sobre la competencia, discriminada en $53.909 millones por bloquear las bandas de los celulares de sus usuarios y $33.090 millones por abultar las cifras de portabilidad numérica.
Estos hechos reflejan falta de responsabilidad de las organizaciones y debilidad de los gobiernos para prevenir los abusos.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las universidades Nacional y Externado