Todas las señales indican que las negociaciones de paz avanzan hacia un acuerdo final, y el Gobierno comienza a dar pasos para la implementación de los acuerdos.
Por eso resulta útil analizar la evolución del posconflicto en países que tuvieron un conflicto similar y lograron una solución negociada.
El Salvador logró una salida negociada al conflicto hace dos décadas, y los dos últimos gobiernos han estado en manos de Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), movimiento político formado por los excombatientes que ingresaron a la actividad política legal.
Aunque Honduras fue el país más violento del mundo entre el 2010 y el 2014, el desbordamiento de la violencia en El Salvador y la reducción de los asesinatos en Honduras hacen que las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, proyectadas para el 2015, sean de 91 en El Salvador y 58 en Honduras.
En los primeros ocho meses del 2015, las cifras oficiales de homicidios cometidos en uno y otro país permiten prever que la tasa de homicidios por cada 100.000 salvadoreños será muy superior a la tasa hondureña, país definido por Naciones Unidas como el más violento del mundo entre el 2010 y el 2014.
Según el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, se han cometieron hasta el 11 de agosto 3.603 homicidios, un promedio de 16 al día, en tanto que en Honduras, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional, hasta el 17 de agosto se contaron 3.256 asesinatos, 14 cada día.
Si bien es cierto que la inserción política de los exguerrilleros del FMLN ha sido exitosa, graves problemas sociales persisten en el país más pequeño del continente, y la repatriación forzada de los emigrantes que generó el conflicto, alimentó las violentas pandillas conocidas como ‘Maras’, cuya acción delictiva de extorsiones, secuestros, atracos y violencia en las cárceles y las ciudades, no ha logrado ser controlada.
Un proceso de paz encierra gran complejidad, pues, además de las demandas sociales de los guerrilleros, se enfrenta la necesidad de lograr una solución jurídica de los procesos que ellos tienen acumulados, y, adicionalmente, serán necesarias reformas sociales que abran espacios a la reinserción, en condiciones de trabajo seguras, pero, sobre todo, de receptividad por parte de los actores sociales, para permitir la asimilación de personas que han estado por largo tiempo por fuera de la sociedad.
Se requiere asegurar espacios de reinserción de los combatientes, acceso a la educación y formación para el trabajo, y compromiso de toda la sociedad para apoyar la creación de un entorno receptivo para evitar que los excombatientes alimenten nuevas organizaciones criminales.
Tenemos experiencias de ‘reciclaje’ de exmiembros de grupos armados, en nuevas organizaciones criminales, y el país espera que, en este caso, ello no se repita.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las universidades Nacional y Externado
beethovenhv@yahoo.com