Beethoven Herrera Valencia

Perú: la consulta obligada

Decretos Legislativos 1015 y 1073 autorizaban la explotación económica en la Amazonia peruana, pero

Beethoven Herrera Valencia
Opinión
POR:
Beethoven Herrera Valencia
marzo 30 de 2010
2010-03-30 12:53 a.m.
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El reciente informe de la Comisión de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Aplicación de Recomendaciones y Convenios ha sugerido al Gobierno de Perú suspender la explotación de recursos naturales en los casos en los que no se ha cumplido el proceso de preguntar a las comunidades, pues a juicio de dicha Comisión, se están incumpliendo al menos 11 artículos del Convenio -169 de dicha organización- que establece la consulta con las comunidades afectadas por la exploración y explotación de los recursos naturales "a través de sus instituciones representativas, en un clima de respeto y confianza".

La Comisión realizó audiencias en las que recogió la inconformidad de las comunidades, y en su informe expresó que éstas deben ser consultadas a priori y no informadas a posteriori de las acciones de exploración y explotación; y no reconoce como válidas las audiencias públicas ni los estudios de impacto ambiental, por lo que recomienda al Gobierno reglamentar dichas consultas.

Los decretos Legislativos 1015 y 1073 autorizaban la explotación económica en la Amazonia peruana, pero generaron graves protestas que causaron la muerte de 34 personas entre policías y nativos en Bagua; y aunque los referidos decretos fueron derogados, no han sido reemplazados. La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley que reglamenta la consulta previa a las comunidades indígenas y campesinas, en respuesta a la expresión de la OIT en el sentido de que el país carece de mecanismos adecuados de consulta.

Según reza el proyecto "el derecho de consulta es un derecho humano que reconoce la identidad, la diversidad e incluye a aquellos que están relegados" e incluye 42 artículos; pero las comunidades amazónicas han hecho observaciones a 27 de ellos, y en caso de que el Gobierno no acepte las recomendaciones de la Comisión de Expertos, compuesta por 20 juristas internacionales independientes, el tema podrá llevarse a la Comisión de Normas.El informe no es vinculante y el Gobierno peruano podrá responder a las críticas recibidas, cuando rinda su Memoria en junio a la OIT.

El premier Javier Velásquez trató de restar dramatismo al tema al afirmar que "el Ejecutivo ha aprendido la lección sobre los hechos de Bagua y no caerá en la impaciencia para imponer proyectos de desarrollo, sino que todo se hará con el consentimiento de las propias comunidades amazónicas, y de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT". En prueba de esta nueva actitud, Velásquez recordó que el Gobierno suspendió las actividades de la minera Afrodita.

A su vez, Ricardo Briceño, presidente del gremio de empresarios (Confiep) declaró que la Comisión de expertos se ha excedido en sus funciones, y en ese sentido envió una nota de protesta a la OIT, argumentando que la posición de la referida Comisión puede desestimular a los inversionistas extranjeros; y que es al Gobierno a quien le corresponde asegurar que las consultas cumplan con lo establecido en el convenio.

No es previsible que Perú reciba sanciones, pero esta situación no tratada adecuadamente, y que ya generó hechos de sangre, pone de presente los problemas que afrontan los países cuando ratifican normas internacionales sin adecuar el ordenamiento legal interno a efecto de asegurar su efectivo cumplimiento.

beethovenhv@yahoo.com

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