Hay un hecho que está pasando de ‘agache’. En días pasados, la Contraloría General reanudó el juicio por responsabilidad fiscal que se les sigue a varios ex funcionarios de Invías, por un detrimento patrimonial que asciende a unos 14.000 millones de pesos. Uno de esos ex funcionarios es también uno de los asesores mejores pagados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Se trata del abogado huilense Vladimir Fernández, cuyo contrato con el Distrito, por 216 millones de pesos, fue cuestionado recientemente  por la Contraloría de Bogotá.

 

El contrato que dio origen al juicio fiscal por parte de la Contraloría  General, data del 7 de febrero de 1983, y tenía por objeto adelantar obras de ampliación y pavimentación de un tramo de 22 kilómetros de la carretera Medellín-Turbo. Pero la obra nunca se terminó. Estando Fernández al frente de la oficina jurídica del Invías, a finales del 2006, esa entidad aceptó una conciliación por $74.00 millones a la firma del empresario y ex contratista del Estado, Edgar Botero, quien se entregó hace unos días a la Fiscalía.

 

Para la Contraloría, en este caso “no hubo una adecuada y efectiva defensa judicial en el proceso ejecutivo, lo que conllevó a una conciliación soportada en decisiones del Comité de Conciliaciones del INVIAS, que desconocieron los principios de la administración pública y la gestión fiscal”.

 

Esta situación del Invías nos recuerda otro antecedente en el que estuvo involucrado Fernández en el Huila y por el cual llegó a ser sentenciado a 12 meses de prisión por el delito de “Infidelidad a los deberes profesionales”, por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Neiva, el 15 de septiembre de 2005. Fallo que luego confirmó el Tribunal Superior de Neiva el  1 de septiembre de 2006. Pero luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo tumbó por vicos de forma, pues para entonces se le habían introducido cambios retroactivos al Código de Procedimiento Penal, como lo revelaron en su momento medios regionales.

 

Resulta que el 18 de agosto de 2001, habitantes de municipio de Palermo denunciaron ante el Consejo Superior de la Judicatura que el Municipio se había constituido en parte civil en la investigación penal que por los delitos de celebración indebida de contratos, falsedad y otros que adelantaba la Fiscalía contra el alcalde electo 2001 – 2004,  José Reynel Cerquera Perdomo. Los demandantes cuestionaban el hecho de que el apoderado del municipio era Vladimir Fernández Andrade, quien había sido miembro activo de los cuadros de la campaña política del alcalde investigado y quien se había desempeñado además como asesor jurídico del mismo.

 

Según la denuncia, la actuación de Fernández fue pasiva en ese proceso, en contra de los intereses del Municipio y a favor del alcalde electo.  

Y en noviembre de 2011, la fiscalía 18 de Neiva le decretó una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad,  en medio de un proceso penal que se le sigue por presunto interés indebido en la celebración de contratos en esa capital. Medida que posteriormente fue derogada, pero el proceso sigue.

 

Aún así, Fernández se convirtió en asesor de Petro.  Al parecer, nadie le contó al alcalde de las ‘movidas’ de su asesor, que dejó de ser el abogado del ex representante a la Cámara Germán Olano, preso por el escándalo del ‘carrusel’ de  la contratación en Bogotá, para hacer parte del equipo de empalme del alcalde Petro. Hecho que la Red de Veedurías Ciudadanas calificó de "inconveniente y bochornoso".

 

Correo: gaitan.carlosfernando@gmail.com