Desde cuando el Ministerio del Trabajo volvió a la vida, uno de sus objetivos ha sido el de sincerar las nóminas oficiales. El motivo es que al lado de las plantas que tienen respaldo presupuestal, existen miles de funcionarios que están en la categoría de contratistas. Que el tema es serio, es algo que se percibía desde hace rato. La crisis fiscal que vivió Colombia a finales del siglo pasado y que obligó a planes de austeridad, tanto en el sector central, como en departamentos y municipios, desembocó en la adopción de camisas de fuerza para evitar que los gastos de personal se desbordaran. Dicho objetivo, loable en el sentido de ponerle freno al crecimiento de la burocracia, tuvo problemas prácticos a la hora de ser aplicado.

La razón es que las necesidades de hace diez o más años no son las mismas de las de ahora y el ámbito de la acción estatal ha aumentado.
Debido a ello, la solución que encontraron desde los ministros hasta los alcaldes fue recurrir a las órdenes de prestaciones de servicios, que en teoría deben permitir la vinculación de personas para que hagan trabajos de orden temporal.

Pero ese no fue el caso, y la verdad es que el uso de la figura se desbordó, lo cual desembocó en una admonición reciente de la Corte Suprema.
El tamaño del lío apenas empieza a ser conocido.

El viernes pasado el Ministerio informó que mientras en las entidades territoriales hay 100.240 empleados de planta, el total de contratistas asciende a 170.441.

Un caso particularmente crítico es el de Bogotá, donde los números son 12.882 y 27.629, respectivamente.
Es indudable, entonces, que se requiere una labor de incorporar a miles de personas a la nómina oficial para terminar con una situación que es irregular,

El problema es que decirlo es más sencillo que hacerlo.
Para comenzar, la Ley 617 que puso en cintura a departamentos y municipios, es bastante estricta a la hora de abrir compuertas en lo que hace a vinculación de gente. Además, cualquier proceso en esa dirección debe partir por un análisis de las necesidades de recursos humanos, lo cual demanda un esfuerzo notable, a lo largo y ancho del país.
No menos importante es el asunto de los costos, por la sencilla razón de que un contratista es más barato que un funcionario, lo que puede dar origen a recortes y protestas. Por eso es que se dice que la verdad puede ser dolorosa.