Como un baldado de agua fría. Así cayó el sábado en Antioquia la noticia dada por Juan Manuel Santos, cuando este contó que un concepto del Consejo de Estado determinaba que la escogencia de la firma responsable de hacer el conocido proyecto de Autopistas de la Prosperidad debería hacerse por licitación pública.

Aunque acto seguido el mandatario informó que ya están identificados los recursos, según los cuales el presupuesto nacional aportará 10 billones de pesos, el reporte no dejó de causar cierta inquietud en la dirigencia paisa. Para comenzar, ahora se inicia un proceso de pliegos y convocatorias que, como está probado, nunca es rápido en Colombia.

Pero adicionalmente queda la inquietud de lo que pueda pasar con ISA, la compañía en la cual la Nación tiene la mayoría accionaria y había recibido el encargo de realizar los estudios y ejecutar la obra. En un comunicado, esta recordó que el concepto en cuestión “no es vinculante”, aunque su causa se ve perdida a menos que decida concursar en el proceso que ahora empieza.

Ahora, la presión recae en el Ministerio de Transporte que debe convertir las promesas presidenciales en realidad.

Dicho lo anterior, el ente debe mirar con lupa las especificaciones de un proyecto que triplica en costos al de la Ruta del Sol, y exigirá un aporte sin precedentes de las finanzas públicas.

Y es que una cosa es construir vías con las más altas especificaciones, para que a punta de túneles y viaductos se puedan sortear los desafíos que tiene la agreste geografía antioqueña.

Otra es que, a cambio de dicha iniciativa, se sacrifiquen diversas propuestas en diferentes puntos del país.

La inquietud es válida cuando el cronograma nuevo parece ser más exigente.

Según Santos, la meta es tener en seis años los cerca de mil kilómetros que demanda el nuevo emprendimiento, que tiene como centro a Medellín y va hacia los cuatro puntos cardinales.