Desde hace tiempo se sabe que uno de los principales problemas que enfrenta Colombia en materia laboral es la elevada informalidad.

Por razones de variada índole, una proporción amplia de la población ocupada no tiene acceso a todos los beneficios que prescribe la ley, como la afiliación a los regímenes de salud y de pensiones.

Si bien en el primer caso ese vacío se ha llenado con el impulso al esquema subsidiado, en el segundo aún no operan los mecanismos que le permitan a millones de personas aspirar a una jubilación digna.

Debido a esa realidad, el país tiene uno de los peores índices de distribución del ingreso en el mundo.

Por tal motivo, es especialmente útil saber cómo han evolucionado las cosas recientemente. En tal sentido, resulta muy apropiado el ejercicio dado a conocer por el Dane ayer, en el cual existe una completa radiografía del asunto.

De acuerdo con la entidad, si el parámetro de medición que se utiliza es el del tamaño del negocio, 50,4 por ciento de los colombianos que trabaja en las 13 principales áreas metropolitanas estaba en condición de informalidad en el trimestre comprendido entre enero y marzo del 2012.

Esta categoría es la recomendada por la OIT e identifica a las personas vinculadas a unidades que ocupen hasta cinco ciudadanos.

Por su parte, si el criterio son los afiliados al sistema de pensiones, el dato asciende a 56,1 por ciento, sin discriminar por el tamaño de la empresa.

Más allá de entrar a discutir cuál categoría es más útil, resulta interesante destacar que en ambos casos tuvo lugar una evolución positiva.

En el primero, la informalidad disminuyó medio punto en el último año y es la más baja desde el 2007, mientras que en el segundo lo hizo en más de un punto. Aunque se trata de una ligera variación, lo sucedido merece destacarse.