Ayer las calles de Atenas volvieron a ser el escenario de otra batalla campal. Todo por cuenta de la convocatoria de una huelga general –la enésima en menos de dos años– para protestar en contra de las negociaciones que evitarían que Grecia se declare en quiebra.

Y es que tal como ha sido la constante en los últimos meses, la nación mediterránea necesita concluir con éxito las negociaciones que adelanta, tanto con los tenedores privados de sus bonos, como con las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional.

El propósito es ponerse de acuerdo en una rebaja sustancial de tales obligaciones, al tiempo que se consigue el giro de una nueva suma que evitaría que los helénicos entren en situación de insolvencia.

El tema es complicado porque involucra diferentes intereses, pero, sobre todo, debido a que implica una nueva ronda de recortes presupuestales.

De tal manera, aparte de un tijeretazo de 1.700 millones de euros en los gastos públicos, también bajaría el salario mínimo en 20 por ciento y serían despedidos unos 15.000 empleados estatales.

Otro apretón cae muy mal entre una población que ha visto una caída sustancial en su nivel de vida, en medio de una economía que se contrae y en la cual las oportunidades de progreso escasean.

Debido a ello, no es claro que el gobierno del primer ministro Lukas Papademos consiga el respaldo de los partidos que lo respaldan, algo que es indispensable para conseguir el voto favorable del parlamento.

Sin embargo, la opción de decir que no, tampoco es viable.

Aparte de que otros países europeos podrían contagiarse, una negativa de Grecia la obligaría a abandonar el euro, con lo cual los efectos sociales serían peores. Por eso, la creencia es que el plan de rescate saldrá adelante, a pesar de los disturbios.