En medio de un clima de opinión que es particularmente crítico sobre el estado de la justicia en Colombia –especialmente después del descalabro del acto legislativo que pretendía reformarla– es difícil decir que hay avances.

Pero eso fue precisamente lo que sucedió ayer, cuando en la Casa de Nariño fue sancionada la ley con la cual entra en vigencia el Código General del Proceso.

Este, según el presidente Juan Manuel Santos, representa “una verdadera revolución para el ciudadano de a pie”.

La razón, para decirlo en términos coloquiales, es que hace más fáciles y sencillos los procedimientos para que la gente pueda aspirar a un proceso rápido en el cual tengan más peso los argumentos de fondo que los de forma.

En un sistema judicial en el que abundan los requisitos, el avance conseguido no es poca cosa.

Para comenzar, porque se apoya más en la oralidad y menos en la palabra escrita, algo que resulta novedoso en un país acostumbrado a los memoriales extensos. Adicionalmente, se permite el uso de las nuevas tecnologías con el fin de hacer seguimientos, sin necesidad de hacerse presente en los juzgados o sufrir el inconveniente de los aplazamientos constantes.

El objetivo es que con la adopción de las nuevas reglas de juego, una decisión judicial en materias civiles, que pueden ir desde el cobro de un cheque sin fondos hasta la petición de restitución de un bien, no demore más de seis meses o de lo contrario el juez de turno puede verse en problemas.

Llegar a ese plazo sería un avance inmenso. No se puede olvidar que según el informe Doing Business, que elabora el Banco Mundial, el país es uno de los siete peores en el planeta, en lo que hace a la celeridad de un proceso ejecutivo.

En promedio, un juicio tarda 1.440 días, un plazo que a partir de mañana debería empezar a reducirse.