No ha sido esta una buena época para los intereses españoles en América Latina. Y es que, tras el anuncio que hizo el Gobierno argentino de nacionalizar las acciones que tiene la ibérica Repsol en la petrolera YPF, el turno fue para Bolivia.

De manera sorpresiva, la administración de Evo Morales tomó posesión de Transportadora de Electricidad, filial de la compañía Red Eléctrica desde el 2002 y responsable del 74 por ciento de las líneas de transmisión de energía en el país andino.

La determinación ocasionó un bajonazo importante en la bolsa de Madrid, cuyos índices perdieron cerca del 2,6 por ciento en la sesión de ayer. No obstante, con el paso de las horas, el mensaje fue un poco más tranquilizador, pues La Paz aseguró que está dispuesta a pagar un precio “justo” por la empresa estatizada.

Aunque falta ver qué quiere decir eso en términos monetarios, es claro que el tono es mucho más conciliador que el de Buenos Aires, desde donde han sugerido que el giro, si llega a existir, será bastante bajo.

Claro que para llegar a ese punto, es necesario que el Congreso argentino le dé luz verde definitiva a la propuesta remitida por Cristina Fernández de Kirchner, algo que parece ser inminente en la Cámara baja, después de que el Senado aprobara la iniciativa por una abrumadora mayoría.

Aparte de lo anterior, está la inquietud de que los casos mencionados sean el comienzo de una epidemia.

Esa es la razón por la cual tanto España como la Unión Europea han tratado de mantener la cabeza fría sobre un tema espinoso en el cual hay mucho en juego. Para comenzar, se encuentran las millonarias posesiones de centenares de firmas ubicadas al otro lado del Atlántico.

Pero también está la capacidad de la región de atraer capitales que buscan, más que rentabilidad, seguridad.