Las instituciones, o sea las reglas del juego y las organizaciones, son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, en lugar de evolucionar en forma gradual y armónica con el país, muchas veces deben cambiar intempestivamente por fuerza de las circunstancias.
Tal es el caso de la llamada ola invernal que entre los años 2010 y 2011 azotó al país y ocasionó una catástrofe de inmensas proporciones.
Entre las acciones de adaptación y mitigación que se han ido tomando para solucionar y aliviar los perjuicios causados por esta tragedia y para prevenir futuros desastres, se decidió reestructurar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Son bienvenidos los cambios en la estructura y organización internas de las CAR para hacerlas más técnicas y eficaces, y evitar riesgos de politización y corrupción, así como el cambio en la jurisdicción de las mismas, utilizando para ello los mejores criterios disponibles, sin embargo, la asignación de nuevas funciones podría distraerlas de su mandato legal de administrar los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.
Se podría más bien aprovechar esta reestructuración para crear en las CAR una dependencia de muy alto nivel dedicada específicamente a promover el desarrollo sostenible de los bosques, quizás el mayor recurso natural renovable del país (la mitad de su territorio continental está cubierta de ellos) y cuya deforestación y deterioro son causas principales de la tragedia invernal.
Otro ejemplo de fortalecimiento institucional forzado por las circunstancias es el de la actividad minera, exacerbada en todo el mundo por la bonanza de precios internacionales, euforia de la que no escapó el Gobierno colombiano hasta el punto de declararla como una de las 5 locomotoras del desarrollo.
Aunque es lícito para un país aprovechar sus recursos naturales en beneficio de su población, la explotación minera presenta serios riesgos ambientales, casos de vulneración de los derechos humanos y de alto riesgo para muchos trabajadores, así como operaciones por fuera de la ley, todo lo cual demanda la acción de instituciones que velen porque el país reciba los beneficios de la minería y evite los riesgos vinculados a ella.
El inusitado incremento de solicitudes de licencias ambientales y de títulos mineros hizo temer que las instituciones mineras, de evidente debilidad e ineficacia, no pudieran evitar la explosión de problemas de diversa índole. Ante esta sombría perspectiva, el Gobierno decidió adelantar un profundo cambio institucional con novedades como un nuevo código minero, diversos cambios en la normatividad y la creación de la Agencia Nacional Minera.
Promover la adopción creciente de procesos de certificación,(tan en boga en otros sectores, y cuyo propósito es garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos de los trabajadores), trabajar en armonía con la naturaleza y con su conservación, y cumplir con el ordenamiento jurídico, debería ser un gran propósito de la renovada institucionalidad del sector minero.
CAMILO ALDANA
CONSULTOR
caldana3@yahoo.com