Camilo Sánchez

De carteles a carrusel de concesionarios

Hace 10 años realicé debates denominados ‘El Cartel de los Concesionarios’.

Camilo Sánchez
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Camilo Sánchez
mayo 20 de 2011
2011-05-20 12:19 a.m.
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Donde destapamos procesos de corrupción y se logró frenar la entrega de concesiones a particulares que financiaran este tipo de obras a través del cobro de peajes anticipados; se prohibió la inclusión de la cláusula de compensación y desde entonces se impidió que las nuevas concesiones obtengan los recursos del tráfico garantizado, que siguen siendo la vena rota de las concesiones de primera generación.

No imaginamos que una década después el panorama de la contratación pública fuera aún más turbio.

Según la última encuesta de Probidad, en el país el 84,4% de los empresarios se abstiene de participar en los procesos de contratación pública por la alta corrupción del proceso licitatorio.

La manera de legalizar la corrupción se encuentra en la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia, para lo cual los asesores internos y externos permiten la manipulación.

Un primer filtro, bajo el pretexto de aplicar la Ley 1150 del 2007, son los requisitos condicionados exigidos a los proponentes de experiencia técnica tan puntuales, que casi determinan alcontratista; indicadores financieros o patrimonios elevados en comparación con el objeto y la cuantía del contrato: presupuestos de obra y precios unitarios que hacen inviable inicialmente cualquier propuesta, porque rompen el equilibrio contractual de las partes, el cual se recobra una vez se adjudica y se le concede a éste la cláusula de precios no previstos; la posibilidad de modificación de los diseños, y alternativas de métodos constructivos, que generan altas rentabilidades distantes al contrato inicial.

Pese a que la ley permite que los contratos se puedan adicionar hasta el 50% del valor inicial, hoy por la vía de las mayores cantidades de obra o urgencias manifiestas vemos contratos que desbordan la aplicación de la ley. 

Muchas son las modalidades para impedir el mayor número de proponentes, como la de exigir una visita de obra en fecha, hora y sitio, que muy pocos pueden cumplir; o la descalificación del contratista por elementos o errores de carácter subjetivo. Se ha llegado a casos tan aberrantes, que al cumplir todos los requisitos, que en algunos casos son elementales, el desempate lo hacen por el primero que presentó la propuesta, que seguro es quien conocía este determinante. 

Es absurdo que al momento de evaluar las propuestas no se tenga en cuenta la experiencia de los proponentes en el sector privado, y que al ser subcontratistas de obras del Estado no se acepte dicha experiencia validándole sólo la ejecución de obra al contratista público directo, lo que hace que los subcontratistas nunca puedan ser contratistas.  Creo necesario limitar la libertad en la elaboración de los pliegos de licitación unificando a nivel nacional los manuales de contratación de las entidades oficiales, la ponderación de los requisitos esenciales por cuantía o tipo de proyecto, el listado de precios unitarios de obras públicas y la metodología de evaluación, e incluyendo porcentajes fijos para ciertos estándares estables de todo proceso contractual. 

El destape de los carteles de la contratación en Bogotá apenas comienza, y debemos seguir por destapar el carrusel nacional, que nos dará más sorpresas.

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