Una manera cruel de recordar que en Colombia hay temas de seguridad pendientes, fue la que usaron las Farc la semana pasada.

Con una serie de atentados ocurridos en el sur del país, el grupo guerrillero dejó una sangrienta estela de destrucción y muerte.

La virulencia de los ataques, no sólo dirigidos en contra de las fuerzas del orden, sino de la propia población civil, ocasionó una fuerte condena nacional e internacional.

Pero aparte del espacio cada vez más reducido que tiene un grupo que, tras una bandera supuestamente política, utiliza en forma crecientemente tácticas terroristas, hay un desafío institucional muy grande. Este consiste en conseguir resultados contundentes a la hora de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.

Como es bien sabido, el país ha hecho un esfuerzo notable en este terreno a lo largo del presente siglo.

Gracias a un mayor esfuerzo presupuestal, el pie de fuerza total ha pasado de 313.406 efectivos en el 2002 a 447.408 en el 2011, según cifras del Ministerio de Defensa. El incremento en personal, las mayores inversiones en equipo y la adopción de nuevas estrategias han tenido efectos tangibles. De tal manera, los homicidios pasaron de 28.837 a 14.746,y los secuestros disminuyeron de 2.882 a 307 en el mismo lapso.

A pesar de esa situación, las encuestas muestran que la percepción de inseguridad ha aumentado en meses recientes.

Tanto la prevalencia del crimen común en las ciudades, como la presencia de bandas armadas en las zonas rurales hacen que la ciudadanía tenga la sensación de que los riesgos son mayores que antes, así los datos oficiales muestren que el hurto o la piratería terrestre han descendido.

Uno de los delitos más complejos de combatir es el de la extorsión.

La demostración de poder que hizo a comienzos de enero el grupo de ‘Los urabeños’, cuando paralizó el comercio y el transporte en áreas de cinco departamentos, muestra que hay un cáncer que no sólo es grande, sino que parece haber hecho metástasis en buena parte del territorio nacional.

Debido a que las denuncias escasean es difícil tener un panorama completo sobre la magnitud de este azote, pero las estadísticas muestran que los casos llegaron en el 2011 a 1.537, casi el doble frente a los registrados en el 2008.

El cobro de la ‘vacuna’ que deben pagar desde los administradores de pequeñas tiendas, hasta quienes operan buses y taxis o tienen unidades productivas es, a todas luces, inquietante.

Quienes estudian este fenómeno señalan que las herramientas con que cuenta el Estado para combatirlo tienen grandes limitaciones y que las ofensivas que de cuando en cuando se anuncian producen resultados tímidos.

Ahora, tras la ofensiva de las Farc en Cauca y Nariño, la preocupación es que la presión que debe aplicarse contra diferentes empresas criminales disminuya.

En respuesta, el Gobierno sostiene que no piensa descuidar ningún escenario, así trate de responder con vehemencia en los puntos más críticos. Es de esperar que así sea, pues es fundamental conseguir un repliegue de las fuerzas oscuras que tratan de agitar las aguas para pescar en ellas.

Y es que aparte del anhelo de que en el territorio nacional pueda haber paz y tranquilidad, es indudable que un retroceso en materia de seguridad tiene costos económicos importantes.

Estos no sólo consisten en lo que hay que destinar para proteger los activos empresariales sino en la inversión productiva que se aplaza o cancela, ante la impresión de que en Colombia no hay suficientes garantías para ampliar operaciones o impulsar proyectos.

A decir verdad, nada de eso ha ocurrido todavía, pues la evaluación que existe sobre el país es positiva, pero episodios como los de la semana pasada causan preocupación y titulares que no le ayudan a una sociedad que ha derrotado enemigos poderosos y no tiene otra salida que combatir el crimen en todas sus manifestaciones.