Es un hecho que la educación de calidad demanda importantes recursos financieros.
En la universidad pública, un alto porcentaje de los costos son cubiertos por el Estado y las matrículas de los estudiantes cubren parcialmente los costos, en cambio, en la privada los costos son cubiertos, totalmente o en un alto porcentaje, por las matrículas de los estudiantes.
Es evidente la necesidad de apropiar recursos públicos y privados con este objetivo.
La distribución de recursos para la educación requiere evidentemente una política de Estado, de la cual se debe derivar una asignación para los diferentes niveles que cubren educación preescolar, educación básica, educación media y educación superior. Estos niveles deben estar articulados, pues son interdependientes.
En la educación superior, los sectores público y privado invierten 0,82 por ciento y 1,02 por ciento del Producto Interno Bruto.
Es una inversión que evidentemente debe ser incrementada, ya que, a pesar de los progresos logrados, la cobertura es todavía baja y la calidad es muy heterogénea.
La inversión debe hacerse con la mayor eficiencia y eficacia posibles, buscando el beneficio de la población de más bajos recursos.
La financiación de la educación pública debe estar dirigida hacia la oferta y demanda, para complementar la manutención de los estudiantes. La distribución de recursos entre las instituciones debería tener en cuenta su calidad y el nivel de los pénsum que ofrecen.
Una universidad que brinda programas de maestría tiene costos más altos que aquella que tiene asignaturas de pregrado, y una, con programas doctorales, tiene costos más altos que la de maestrías. Es positivo que se esté considerando ya que la asignación tenga en cuenta, no solamente la población estudiantil, sino también eficiencia del sistema, medida, por ejemplo, por la tasa de éxito en la graduación de los estudiantes.
La financiación de la educación privada debe estar dirigida exclusivamente hacia la oferta y debería incluir costos de matrículas y manutención de los estudiantes. Se debe priorizar el acceso a educación superior a entidades con acreditación institucional y la financiación debe asignarse a los sectores de menores recursos, por sistemas meritocráticos y objetivos.
El apoyo puede ser de tres tipos: becas, préstamos reembolsables y prestamos condonables.
Los créditos deben ser subsidiados y tener montos que puedan ser pagados razonablemente por los alumnos, una vez culminen sus estudios de pregrado. Los préstamos condonables, utilizados exitosamente por algunas instituciones, consisten en condonar parte de la deuda en función del desempeño académico y de la duración de los estudios.
Como conclusión, se debe continuar en la búsqueda de la calidad de la educación y del apoyo al mayor número posible de estudiantes.
Es necesario realizar análisis de los ingresos futuros de los profesionales y de los montos de los préstamos para poder establecer créditos que sean ‘pagables’, y de allí deducir el valor de las becas, que seguramente serán necesarias.
Solamente así, se podrán formar los profesionales calificados que Colombia requiere para su desarrollo.
Carlos Angulo Galvis
Exrector de la Universidad de los Andes