En junio pasado, según lo revelan las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la relativa estabilidad que traía la producción petrolera en el país se alteró al registrar una caída de 0,56 por ciento anual, confirmación estadística de lo que la industria temía desde meses atrás: una desaceleración.
El dato no es más que el reflejo de una serie de factores, siendo la inseguridad el más protuberante.
Desde el año pasado, el escalonamiento de los actos terroristas ha venido aumentando en intensidad y capacidad de afectación.
El caso más reciente se produjo contra el oleoducto Cañón Limón-Coveñas, con graves consecuencias para el medio ambiente y 120 mil habitantes del departamento de Arauca, que se quedaron sin suministro de agua.
Tan solo este departamento ha visto incrementar este año los ataques terroristas en un 400 por ciento.
La infraestructura de transporte ha sido el principal blanco de esta nueva escalada, que a julio pasado ya sumaba 82 ataques, por encima de los 71 observados en todo el año 2011.
Esta nueva realidad, con más aristas que las mencionadas arriba, tiene sus costos para muchas de las empresas operadoras y compañías prestadoras de servicios en Colombia.
El caso más visible lo representa la estatal Ecopetrol, que en días pasados se vio obligada a anunciar una nueva meta de producción para el 2012 (de 800 mil barriles por día (bpd) a 780 mil).
Su presidente reveló, además, que por cuenta de los ataques guerrilleros, la petrolera ha perdido cerca de 11 mil barriles por día, en el primer semestre del año.
Evidentemente, el reto es inmenso.
Las acciones anunciadas por el Gobierno Nacional, como la creación de nuevos batallones y el despliegue de cinco mil hombres para garantizar la normalidad en las operaciones, resultan fundamentales para el futuro del sector.
Pero igual –o más importante– resulta su pronta ejecución, si se quiere garantizar el ímpetu de una actividad que promueve desarrollo económico y social en el país, y cuya dinámica, como lo indicó en su más reciente balance el Ministerio de Minas y Energía, debe seguir al ritmo creciente de años anteriores, de manera que la locomotora mineroenergética, como un todo, siga trayendo progreso al país.
No en balde el Gobierno reveló, en su rendición de cuentas, que esta es la locomotora mejor enrutada.
Esto, en lo concerniente al frente de seguridad.
Tema aparte es el de las licencias ambientales, cuyo trámite y aprobación se constituyen en otro palo que le sale a la rueda.
Carlos Arturo Espinosa Torres
Gerente general, Thorneloe Energy Colombia