Tendremos que volver a las raíces para saber dónde estamos parados. Nuestra comunidad adoptó la Democracia como la forma de convivencia y ese orden institucional está consagrado en la Constitución y en las Leyes de la República, que todos tenemos obligación de acatar.
El Gobierno tiene que cumplir lo que le mandan las normas que ha jurado acatar y los particulares tienen el derecho de hacer todo lo que no esté prohibido en ellas. En ambos casos, el interés general de la mayoría prevalece sobre el particular y la forma en que los particulares pueden validar su mayoría es mediante el sistema electoral.
Sometidos al sistema electoral, los electores, cuyo voto mayoritario decide sobre las propuestas políticas presentadas a su consideración, acatan la dirección del Gobierno así resultante, aunque su interés haya perdido o ganado el favor de la mayoría y ese Gobierno es el único depositario legítimo de la fuerza, con arreglo al Derecho y a la Justicia que de el emana. Por ello es arbitrario y tramposo que el sector perdedor de elecciones proclame “resistencia” a un Presidente de la República legítimamente elegido, configurándose la conducta peligrosa del que pierde, pero arrebata; por ello es justo y digno que el sector perdedor honre las reglas del juego democrático, acate con respeto a la nueva Alcaldesa de la Capital, reservándose su derecho a oponerse a las políticas contrarias al interés general, conducta de quienes respetan la democracia por encima de preferencias partidistas.
El funcionamiento de la Democracia se asienta y garantiza en la independencia de las tres ramas del poder público: el poder legislativo, cuya obligación fundamental es hacer las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno; el poder judicial, cuya obligación es hacer justicia dirimiendo las diferencias entre las partes; y el poder ejecutivo del Gobierno, esto es el Presidente y sus Ministros, cuya obligación fundamental es hacer cumplir la Constitución y ejecutar las leyes, entre ellas el Plan de Desarrollo legalmente aprobado.
La Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, consagra que entre la Constitución y la ley u otra norma se aplican las disposiciones constitucionales.
Ahora bien, de aquí se derivan una multiplicidad de normas y circunstancias desarrolladas en el curso de nuestra vida democrática. Además, nuestra nación hace parte de un entorno internacional político y económico cambiante e insoslayable, un contexto que rebasa nuestros derroteros nacionales pero que no los subordina, salvo en los casos expresamente consagrados en convenios internacionales o multilaterales.
No obstante, la geopolítica es una realidad mundial, y aunque se haya dado por terminada la guerra fría, a la caída de la cortina de hierro han seguido avances y tomas de poder de parte de las antiguas potencias enfrentadas que, soterradamente y amparados por la apariencia de un humanismo universalmente declarado y por bloques de poder de tiranías consolidadas, socavan sistemáticamente las democracias en favor de nuevas tiranías sustentadas en el terrorismo y el narcotráfico, que combinan el crimen y el despojo de sus propias naciones con la infiltración sistemática de los aparatos de terror en los países democráticos, amparados en el anonimato de la diáspora de hambre y desempleo que ellos mismos generan con sus formas de gobierno, de saqueo, de muerte y de silencio que preconizó George Orwell hace un siglo.
El poder de las ideologías, de los medios masivos de comunicación y de los desarrollos tecnológicos, masificantes de la conciencia colectiva, intentan y, en ocasiones logran, generar una estructura política de facto, paralela o sustitutiva del orden institucional democrático, al no prevalecer legítimamente en el orden institucional establecido. Identificados con los nombres genéricos de “colectivos”, “marchas” o de “mesas de concertación”, “manifestantes”, “estudiantes” (¿quiénes, cómo y cuándo obtuvieron los anónimos encapuchados la supuesta representación del estudiantado?) sin otra credencial, ni otra legítima representación que su autorreferencia, someten a prueba los poderes legítimamente constituidos mediante la intimidación, la sedición, la violencia y el delito, desde el atentado contra la libre movilidad de las personas y contra el derecho al trabajo (¿cuántas familias quedan sin ingreso por despido, cuántos perdieron una cita médica obtenida meses atrás?) contra la costosa infraestructura de transporte cuya reconstrucción hemos de pagar con nuestros impuestos, hasta el incendio, el saqueo y el crimen organizados y sincronizados contra la población inerme, a mansalva, sobre seguro y sin defensa del Estado, único depositario de la fuerza de acuerdo con la ley.
Según esta lógica emergente, cualquier grupo de personas puede adquirir, bajo el nombre de colectivo o marcha, el derecho de establecer leyes, de juzgar sumariamente, de imponer la agenda que deba seguir el Gobierno, en mesas de deliberación montadas por una minoría anónima e ilegítima, que usurpan el derecho de la inmensa mayoría que tras ardua lucha ha propuesto los representantes de su interés en los poderes públicos, incluido el deliberativo del parlamento, para trazar los derroteros que anhelan para su futuro y el de sus hijos. Esas expresiones violentas son la negación de la democracia.
El objetivo claro es la usurpación del poder y la única defensa legítima contra ellas es el poder del Estado en cabeza del Gobierno, cuya obligación, por encima de cualquier maquillaje personal o partidista, es salvar la democracia y preservar las instituciones que nos rigen y el interés general en la construcción del tipo de sociedad que ese interés general ha construido.
Carlos Fernando Rivera
Especial para Portafolio
Economista
carlosfrivera@yahoo.com
