Carlos Holmes Trujillo García
Columnista

Aplausos a demanda contra Csivi

El contenido del acuerdo Santos- ‘Timochenko’ deja al país sin Constitución.

Carlos Holmes Trujillo García
Opinión
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
julio 17 de 2017
2017-07-17 08:53 p.m.
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El contenido del acuerdo Santos-‘Timochenko’ deja al país sin Constitución. Desconoce, de otro lado, principios fundamentales que existen para garantizarle a los ciudadanos seguridad jurídica. Así mismo, crea instituciones nuevas, cuyo efecto será debilitar las existentes y originar confusiones. Se inclina, además, por la impunidad de los culpables de los delitos más graves.

Adicionalmente, pone en peligro la propiedad privada, afecta la división e independencia de los poderes y, como resultado, sustituye la Carta fundamental. Son tan graves las consecuencias, que muchos juristas, exmagistrados de la Corte Constitucional entre ellos, se han dado a la tarea, bienvenida para el país, de hacer las advertencias necesarias.

Resulta esencial escucharlos porque las incertidumbres sobre el marco jurídico existente conduce a la inestabilidad. No hay exageración en las afirmaciones que aquí se han hecho, como tampoco están motivadas por razones coyunturales menores. Describir los riesgos y peligros que se enfrentan, crudamente, está inspirado en el propósito de que los colombianos den en el 2018 el mandato que se requiere para cambiar lo malo que firmaron Santos y ‘Timochenko’.

No puede haber tranquilidad cuando se carece de certeza en cuanto al texto constitucional vigente, para mencionar solo uno de los muchos puntos sobre los cuales deben hacerse llamados de atención. Esa es la preocupante verdad, toda vez que el estatuto básico será lo que el máximo tribunal constitucional diga, caso por caso, cuando tome decisiones relacionadas con las demandas que lloverán contra las leyes y decretos expedidos para implementar lo que el Gobierno acordó con las Farc.

Hay que tener presente, por otra parte, que existen múltiples contradicciones entre lo firmado con esa organización terrorista y varias disposiciones de la Constitución de 1991. ¿Qué van a decidir los magistrados? Amanecerá y veremos.

Pero, es necesario afirmar, con toda claridad, que resulta inaceptable someter a la sociedad colombiana a semejante prueba de fuego. Obraron bien, por lo tanto, varios distinguidos compatriotas al presentar, ante el Honorable Consejo de Estado, una acción de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1995 de 2017. El decreto demandado ordena la creación de la comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final (Csivi).

Esa comisión es una instancia conjunta del Gobierno Nacional y las Farc, que tiene los encargos descritos en su nombre. Entre sus funciones está la de “constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el acuerdo final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el congreso, según sea el caso”.

Los demandantes del decreto argumentan, entre otras razones, que “se creó un control con poder de veto de las iniciativas legislativas en cabeza de un órgano que carece de origen constitucional y mucho menos de conformación democrática que respete el principio de la democracia participativa contenido en el Artículo 155 de la Constitución”.

La demanda se fundamenta en bases tan sólidas, desde el punto de vista jurídico, que merece aplausos.

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