Carlos Holmes Trujillo García
Columnista

La CPI habla de nuevo

La Corte Penal Internacional nació con el fin de acabar la impunidad de los culpables de los más graves crímenes.

Carlos Holmes Trujillo García
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
octubre 23 de 2017
2017-10-23 10:05 p.m.
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Cuando, con el fin de llamar la atención sobre los inmensos errores cometidos en La Habana, se alzó la voz para indicar los riesgos de determinados puntos del acuerdo Santos-‘Timochenko’ en materia de justicia, cayeron rayos y centellas. Enemigos de la paz, gritaban, y siguen gritando, unos. Otros señalaban como amigos de la guerra a los críticos, que estaban llenos de razones, pero desentonaban en medio de la estruendosa melodía de una paz falaz.

Cuántas veces no se calificó a quienes ejercían su derecho a expresarse libremente de fascistas y guerreristas. Un número importante de los supuestos pacifistas, cargados de intolerancia, decían que eso de señalar las obligaciones internacionales del Estado, para combatir la impunidad, tenía el objetivo de entorpecer el esfuerzo histórico del presidente Santos. Y afirmaban, con prepotencia, que la paz era asunto de los colombianos, por lo cual ninguna institución internacional podía tener la osadía de inmiscuirse en los asuntos internos de la Nación.


Desde la otra orilla se decía, pacientemente, que el Estado colombiano tiene la obligación de cumplir con los deberes que adquirió cuando suscribió el estatuto de Roma. Lo anterior significa que las autoridades están obligadas a investigar, juzgar y condenar a los autores de los delitos contemplados en el estatuto, y que, si no lo hacen, por cualquier razón, la Corte Penal Internacional (CPI) puede asumir la competencia subsidiaria que le confirieron los Estados firmantes.


Así es, aun cuando no le guste al gobierno y a los juristas imaginativos que han caminado sobre las nubes, con el propósito de inventarse cuentos y novelas jurídicas de toda índole. Además, el cumplimiento de las mencionadas obligaciones implica que los procesos que se adelanten sean auténticos, las penas reales, eficaces y proporcionales a la gravedad del delito y el nivel de responsabilidad del autor.

La CPI, pues, analizará en cada caso concreto si el poder judicial de los países que la crearon actuaron con el propósito real de castigar a los autores de crímenes atroces, o si lo que tuvo lugar fue una pantomima, disfrazada de justicia, para no hacerlo.

A pesar de que la Fiscal de la CPI lo ha dicho en todos los tonos, cada vez que se manifiesta, los voceros de la Constituyente de La Habana salen con el cuento de que la alta funcionaria le da bendiciones al acuerdo Santos-‘Timochenko’, en cuanto respecta a la justicia. ¡No! Lo que busca es ayudar a que haya claridad, previamente, para que nadie se llame a engaños. Y acaba de hacerlo, de nuevo.

Al señalar que hay aspectos de la jurisdicción especial para la paz que conducirían a la impunidad de autores de los delitos más graves, simplemente está advirtiendo las consecuencias de que tal cosa ocurra y recordando lo que se consagra con tanta claridad en el Estatuto de Roma.

No olvidemos que la CPI nació con el fin de acabar la impunidad de los culpables de los más graves crímenes.Poco a poco, los hechos le van dando la razón a quienes el gobierno atacó, sin misericordia, por decir la verdad.

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