Carlos Holmes Trujillo García
columnista

‘Rápido’, para mejorar la infraestructura

Conseguir que la economía colombiana crezca rápidamente requiere concertación con el sector productivo.

Carlos Holmes Trujillo García
Opinión
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
julio 31 de 2017
2017-07-31 09:38 p.m.
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Conseguir que la economía colombiana crezca rápidamente requiere concertación con el sector productivo, compromisos claros del empresariado grande, mediano y pequeño, y del Gobierno, además de liderazgo presidencial. Se va a requerir mucho diálogo empresarial y popular. Esta actitud será aún más necesaria durante el próximo Gobierno, que va a recibir la olla raspada y enormes desafíos. Uno de ellos tendrá que ver con el mejoramiento de la infraestructura. Los problemas obedecen a falta de cierre financiero de muchas obras, consultas populares municipales, consultas previas, y gestiones ambiental y predial.

El programa ‘Rápido’ (remover problemas de infraestructura para el desarrollo) se plantea como una alternativa. Con respecto a lo primero es necesario garantizar recursos suficientes a largo plazo. Urge, entonces, cambiar la composición de la estructura de financiamiento.

Hoy, el mayor porcentaje lo asume la banca nacional, seguida de entidades extranjeras e inversionistas institucionales. La capacidad interna está menguada y los bancos europeos y norteamericanos están sujetos a restricciones, en virtud de convenios internacionales que limitan los plazos a términos cortos frente a las necesidades de Colombia, a la vez que los inversionistas institucionales tienen un músculo importante, pero actúan de forma dispersa.

Hay que bajar costos y riesgos a las entidades domésticas, hacer una tarea internacional intensa con las de Europa y EE. UU. y promover canastas de inversionistas institucionales ofreciendo condiciones particularmente atractivas. Solo con plazos muy largos, incluso de 50 años, será posible dar el salto que se necesita.

Las consultas populares no pueden convocarse en los municipios para tomar decisiones sobre temas de política económica nacional. Dicha competencia es exclusiva de la nación, que incluye la capacidad de intervenir el suelo, en tanto el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales del suelo. Y se trata de política económica nacional por el impacto del sector extractivo y de la infraestructura sobre la economía del país. No obstante, este criterio debe ir acompañado de un diálogo permanente empresarial y popular que incluya al Gobierno Nacional, local, las empresas y las comunidades.

De otro lado, las consultas previas fueron concebidas para determinar si una obra específica causa o no efectos negativos sobre comunidades indígenas o tribales, en ningún caso para vetar la ejecución de obras de desarrollo. Si los genera, la comunidad tiene que ser indemnizada. En caso contrario, debe acceder a beneficios derivados del efecto positivo del proyecto. La tarea que hay que hacer, pues, incluye acción internacional ante la OIT, regulación adecuada y mucho diálogo interno.

Sobre gestión ambiental es indispensable modificar la institucionalidad existente. Deben crearse el consejo para el desarrollo sostenible, la agencia nacional de impactos ambientales y la oficina de licencias ambientales. Hay que reordenar lo que tenemos, no crear nueva burocracia. El primero tendrá que ver con los grandes proyectos de interés nacional, la segunda con el estudio técnico de los impactos integrales y la tercera con el seguimiento y control. Estos son algunos componentes del plan para remover los problemas de la infraestructura para el desarrollo ‘Rápido’.

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